El Instituto de Previsión Social (IPS) alista una denuncia penal contra directivos de ueno bank y funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) para delimitar responsabilidades en la colocación de recursos previsionales en la entidad hoy bajo proceso de resolución. El monto expuesto asciende a US$ 516 millones, una cifra que reconfigura la magnitud del caso y trasciende la mera liquidación bancaria para instalar una discusión de fondo sobre la custodia del ahorro de los trabajadores.
La confirmación de la medida jurídica, expuesta por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, amplía el foco de la investigación. El planteamiento institucional sostiene que las operaciones no se habrían sostenido únicamente por la gestión privada del banco, sino que requirieron la omisión o acción de los organismos de supervisión del sistema financiero, incluyendo el potencial uso de información privilegiada.
El salto en los números y la estructura del riesgo
El dato central del reporte institucional es la actualización de la masa de dinero comprometida. La previsional había comunicado inicialmente un riesgo de US$ 348,5 millones. Sin embargo, la revisión detallada por la dirección jurídica elevó la exposición total a más de US$ 516 millones.
Según la estructura precisada por la entidad, los fondos involucrados se dividen en dos bloques principales:
alrededor de US$ 334 millones corresponden directamente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el núcleo que respalda los haberes de los aportantes.
otros US$ 182 millones se encuentran distribuidos en diversos fondos de inversión, un componente sujeto a variaciones por el rendimiento de los instrumentos financieros.
La cartera colocada en la entidad no se limitaba a certificados de depósito de ahorro (CDA) en moneda nacional. De acuerdo con el boletín de inversiones de septiembre de 2026, el IPS mantenía US$ 27,4 millones en CDA en moneda extranjera, G. 250.000 millones en bonos, además de disponibilidades por G. 33.325 millones y US$ 2,21 millones.
Supervisión bancaria y la condición de acreedor
El escenario plantea un dilema sobre la oportunidad de las decisiones institucionales. Una de las alternativas de manejo financiero previas a la resolución del BCP era dejar vencer los títulos sin renovarlos, lo que hubiera permitido una salida progresiva de los fondos sin recurrir a rescates anticipados. La decisión de la banca matriz de decretar la resolución cambió las reglas del juego y congeló la disponibilidad de esos activos.
Las operaciones investigadas no podrían haberse concretado y mantenido únicamente con la participación de personas vinculadas al banco, por lo que también consideran necesaria la intervención de funcionarios del BCP.
Ante este panorama, las autoridades del IPS iniciaron gestiones el pasado 6 de noviembre ante el BCP, entregando documentación a los interventores y a la Superintendencia de Bancos. La estrategia legal de la previsional busca hacer valer su condición de acreedor privilegiado durante la evaluación patrimonial del banco en resolución.
El fondo de la cuestión: gestión de riesgos y control público
El caso de la exposición del IPS en ueno bank expone la fragilidad de los mecanismos de control en la colocación del ahorro público. La investigación penal buscará determinar cómo se tomaron las decisiones de inversión, qué criterios de concentración de riesgo aplicó el Consejo de Administración del IPS y hasta dónde llegó la efectividad de la supervisión de la banca matriz.
El proceso no implica de forma automática la pérdida definitiva de la totalidad de los US$ 516 millones, ya que el recupero dependerá de la liquidación de activos de la entidad resuelta. No obstante, abre una interrogation seria sobre los estándares de gobernanza con los que se administran las reservas previsionales del país.