Un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno otorgó una medida de amparo constitucional a un grupo de accionistas, integrado por miembros de la familia del presidente de la República, Santiago Peña. La resolución ordena al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abstenerse de entregar o divulgar documentos reservados pertenecientes a los recurrentes y que se encuentran bajo custodia de la entidad estatal, salvo que exista una orden judicial expresa o la solicitud formal de un organismo público con facultades legales para requerirlos.
La acción legal apunta de manera directa a blindar la documentación en poder de la autoridad económica del Estado. La medida judicial establece con claridad los contornos de la custodia pública sobre la información privada: sin la validación de un juez o una exigencia legal de un órgano competente, el ministerio no podrá facilitar estos archivos a terceros.
Los accionantes y el mapa del entramado empresarial
El recurso concedido por la Secretaría N.º 22 del juzgado ampara formalmente a Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios, junto a otros accionistas. Aunque el texto de la resolución no especifica los grados de parentesco, los apellidos y la composición coinciden de forma directa con el entorno familiar del mandatario.
El expediente judicial deja constancia además de una extensa nómina de personas jurídicas vinculadas a los promoventes del amparo. Entre las firmas consignadas figuran BYOC S.A., Pear S.R.L., Santorini de Paraguay S.A., Muar S.R.L., Fructus Terrae Saci, Corpus S.A. de Mandatos, Guata Trade S.A., Enerbike S.A., Optima S.A., Penco S.A., Fenix S.A., Los Cabos S.A., Budelar S.R.L., La Huella S.A., Manufactura de Pilar S.A., Textil Toro Blanco S.A., Paraguay Agricultural Holding y SMF S.A.
Límites de la custodia pública y alcance de la medida
La fundamentación del juzgado sostiene que la tutela judicial busca evitar la divulgación de documentación calificada como reservada sin la correspondiente autorización. De acuerdo con lo asentado en la resolución, el magistrado interviniente ratifica un criterio jurisprudencial aplicable a otros procesos de similares características tramitados ante la misma instancia.
De este modo, la decisión judicial fija un precedente directo sobre los límites del acceso a la información comercial y patrimonial que reposa en las dependencias del Ministerio de Economía. Mientras la resolución mantenga su firmeza, la vía administrativa del MEF queda bloqueada para la entrega de estos legajos, restringiendo cualquier requerimiento a las excepciones contempladas por la propia orden judicial.