El Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó que el proceso de devolución de fondos a los clientes afectados por el banco Ueno alcanzó una cobertura del 93%. Hasta la fecha, la entidad reguladora desembolsó G. 2,1 billones (aproximadamente USD 337 millones), dinero que fue acreditado a un total de 1.738.804 beneficiarios. Sin embargo, la magnitud del operativo no logra opacar el problema de fondo: unas 128.000 cuentas continúan a la espera de una solución, atrapadas en un laberinto de verificaciones técnicas y administrativas.
Las trabas que frenan la liquidación total
El informe de la banca matriz precisa que el saldo de casos pendientes no responde a una falta de liquidez del sistema de garantía, sino a situaciones operativas de mayor complejidad. El paquete de cuentas no resueltas está compuesto por certificados de depósito de ahorro (CDA), cuentas bajo medidas judiciales o bloqueos preventivos, y operaciones que requieren una revisión documental adicional antes de liberar los fondos.
Para el ahorrista común, la matemática del porcentaje resulta secundaria cuando su capital sigue retenido. La diferencia entre el 93% ejecutado y el 100% deseado representa a miles de usuarios y pequeñas empresas cuya liquidez diaria depende del destrabe de estos expedientes. La velocidad de la respuesta institucional en la primera fase contrasta ahora con el tiempo que demandará auditar caso por caso el tramo final.
El impacto en la confianza del sistema
El desembolso masivo de USD 337 millones busca enviar una señal de previsibilidad y contención financiera. La activación de los mecanismos de restitución por parte del BCP intenta mitigar el daño reputacional sobre el sistema bancario, aunque la demora en el remanente mantiene bajo presión a la autoridad monetaria.
La resolución de las 128.000 cuentas restantes determinará el cierre definitivo de este proceso. Mientras las revisiones continúen, el foco estará puesto en la capacidad del regulador para agilizar los trámites pendientes sin relajar los controles de verificación que exige la normativa vigente.