La Contraloría General de la República (CGR) presentó ante la Cámara de Diputados dos anteproyectos de ley para reformar el marco de fiscalización pública y control financiero en el país. Las iniciativas, impulsadas por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres, buscan cerrar vacíos legales e imponer límites al paso de autoridades del sector regulador a entidades privadas, un movimiento conocido en la jerarquía institucional como las ‘puertas giratorias’.
El primer proyecto propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer la versión original de la Ley N.º 7089/2023 de prevención y sanción de conflictos de intereses. El texto recupera la supervisión sobre el grupo familiar de los funcionarios y las restricciones tras la salida del cargo. Para el ciudadano común, la medida atiende una vulnerabilidad histórica: la facilidad con la que quien un día fiscaliza los recursos del sistema financiero pasa al día siguiente al directorio de una entidad supervisada.
Freno a los conflictos de interés en el sistema financiero
El núcleo de la propuesta anticorrupción reside en la incorporación del artículo 24 bis. La norma fija un periodo de inhabilitación especial de 24 meses para exintegrantes del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), así como para los superintendentes de Bancos, Seguros y Valores. La prohibición alcanza a cualquier funcionario con intervención determinante en la regulación financiera del Estado.
Según el texto, durante esos dos años los exempleados públicos no podrán ocupar cargos directivos, gerenciales, de sindicatura o de asesoría en bancos o entidades financieras bajo supervisión, ni en firmas pertenecientes al mismo grupo económico. Con esto se busca evitar que el conocimiento estratégico y los contactos del Estado se traduzcan en ventajas inmediatas para actores privados.
El anteproyecto establece un periodo de restricción especial de 24 meses para los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, Seguros y Valores, así como para aquellos funcionarios que hayan tenido intervención determinante en la regulación.
Modernización digital e Inteligencia Artificial en la CGR
El segundo anteproyecto contempla la reforma integral de la Carta Orgánica de la Contraloría para acelerar los tiempos de revisión patrimonial. Entre los cambios figura la eliminación de la burocracia de tramitación previa, otorgando a la CGR acceso digital directo y permanente a las bases de datos de todos los organismos del Estado en tiempo real.
El documento también autoriza la implementación de herramientas de analítica de datos e Inteligencia Artificial para la detección temprana de inconsistencias financieras. La normativa dispone que el uso de estas tecnologías mantendrá supervisión humana obligatoria, trazabilidad y el derecho a la explicación para los investigados.
En materia sancionatoria, las resoluciones firmes del órgano de control tendrán fuerza de título ejecutivo. El mecanismo incluye la retención de haberes de funcionarios en falta y la creación de un Registro Público de Sanciones. Además, la Contraloría podrá revisar la correspondencia patrimonial de una autoridad con una sola declaración jurada presentada, sin necesidad de esperar a que concluya su mandato.
Herramientas de recupero y auditorías concurrentes
La propuesta extiende las facultades del organismo de control en situaciones extraordinarias. Ante cualquier declaración de emergencia oficial, la Contraloría quedará habilitada para activar auditorías concurrentes en tiempo real sobre los fondos públicos asignados, evitando que la fiscalización llegue cuando el presupuesto ya fue ejecutado.
Finalmente, se consolida la función de la entidad como rectora en integridad pública, facultándola a remitir expedientes de forma directa a la Procuraduría General de la República. La meta es agilizar la persecución civil para lograr la restitución de activos y recursos del Estado cuando se confirmen irregularidades en la gestión pública.