El proyecto propone designar administradores provisorios por ocho meses para mantener la operativa y proteger los puestos de trabajo en las firmas no intervenidas por la Justicia.
Las propuestas entregadas al Congreso apuntan a restablecer restricciones de dos años para reguladores salientes y dar acceso digital directo a datos estatales para detectar anomalías patrimoniales.
Acorralada por denuncias de supuestas exacciones a funcionarios de su despacho, la legisladora dimitió alegando motivos personales. Su salida busca desactivar el proceso de pérdida de investidura, aunque el trámite requiere la ratificación del pleno.
La conformación de un bloque independiente institucionaliza la grieta en el oficialismo. El Ejecutivo se ve obligado a abandonar la comodidad parlamentaria y salir a buscar acuerdos punto por punto.
