La intervención de la entidad bancaria paraliza los fondos recaudados en la colecta anual y donaciones internacionales. El sector exige una ley de salvataje mientras el Gobierno prioriza la cobertura del Fondo de Garantía.
La inmovilización de recursos en la entidad financiera intervenida afecta a 140 cuarteles del país. Sin presupuesto para combustible, los voluntarios comienzan a racionar sus salidas.
El dinero recaudado en la última colecta nacional y los fondos propios de los cuarteles quedaron atrapados en la entidad financiera intervenida por el BCP, poniendo en riesgo la operatividad de los móviles de emergencia.
La falta de transferencias de los municipios asfixia a los cuarteles de la región. En Hernandarias los móviles quedaron fuera de servicio, mientras que Minga Guazú, Ciudad del Este y Presidente Franco arrastran millonarios atrasos.
