La crisis provocada por la intervención financiera de ueno bank suma un nuevo capítulo de alta sensibilidad social e institucional: el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) exige la devolución inmediata de 325.000 dólares retenidos en la entidad. La falta de acceso a estos recursos, destinados al sostenimiento operativo de 140 cuarteles en todo el país, deja al descubierto las grietas del sistema de protección para instituciones de auxilio público ante colapsos del sector financiero.
Fondos operativos y colectas congeladas por la intervención
La protesta civil sumó esta semana una imagen contundente en el centro de Asunción. Alrededor de 250 voluntarios uniformados se concentraron en las inmediaciones del Congreso Nacional para visibilizar el impacto directo que el bloqueo de cuentas tiene sobre el servicio de rescate y combate de incendios. El dinero atrapado no constituye un remanente financiero especulativo, sino el presupuesto básico de funcionamiento operativo para cubrir siniestros en el territorio nacional.
Según detalló la presidenta de la organización, Lorena Canan, del total retenido, aproximadamente 1.400 millones de guaraníes (unos 226.488 dólares) corresponden de forma exclusiva a la colecta nacional anual realizada en octubre pasado, a lo que se suman aportes directos de las distintas compañías e instrumentos internacionales.
«El dinero depositado procede de la colecta nacional que la institución realiza cada año y del esfuerzo de los 140 cuarteles. Necesitamos un proyecto de ley de salvataje financiero que permita recuperar íntegramente estos recursos», señaló Lorena Canan.
El alcance de la crisis y el debate sobre la prioridad del salvataje
El escenario de colapso de ueno bank trasciende el reclamo de los bomberos y muestra una vulnerabilidad estructural en la custodia de los fondos públicos y sociales. La intervención por severos problemas de solvencia derivó previamente en la destitución por juicio político del expresidente Santiago Peña, actualmente bajo investigación procesal y privado de libertad. En el trasfondo de la liquidación administrativa, la masa de liquidez comprometida incluye cerca de 800 millones de dólares pertenecientes a recursos estatales, entre los que se destacan las reservas de cinco cajas de jubilaciones y pensiones.
La legislación vigente impone límites estrictos que hoy chocan de frente con la naturaleza de los fondos comunitarios. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) establece un tope de cobertura de 228.300.000 guaraníes (aproximadamente 38.622 dólares) por persona física o jurídica. Para una entidad como el CBVP, cuyo capital operativo supera ampliamente esa franja, la aplicación rigurosa del reglamento implica la pérdida del remanente o una espera prolongada en los procesos de liquidación crediticia.
Frente a la presión social, el presidente de la República, Pedro Alliana, informó que el mecanismo de resolución bancaria ya ejecutó desembolsos a 1,74 millones de ahorristas, lo que representó una erogación de 330 millones de dólares a través del FGD. Sin embargo, la hoja de ruta oficial prioriza en esta etapa la recuperación de los aportes previsionales y fondos de jubilados, dejando en un terreno de incertidumbre las demandas de las organizaciones civiles sin fines de lucro.
Implicancias operativas y la urgencia de una respuesta legislativa
La paralización de estos activos no solo afecta la liquidez corriente del cuerpo de bomberos; compromete además la logística de donaciones internacionales de vehículos e insumos de protección que requieren fletes, mantenimiento y equipamiento operativo diario. La propuesta de una legislación de salvataje específico plantea un debate de fondo sobre si el Estado debe generar excepciones normativas para proteger el dinero destinado a la seguridad pública y el rescate de vidas humanas cuando el sistema bancario falla.