La crisis financiera e institucional en torno a ueno bank sumó este martes un capítulo de alto impacto político y judicial. La Fiscalía allanó la vivienda de Carlos Fernández Valdovinos en el marco de la investigación penal sobre la colocación de recursos estatales en la citada entidad. Casi en simultáneo, el Poder Ejecutivo emitió un decreto mediante el cual dispuso la salida del exministro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. La medida expone el nivel de tensión institucional y plantea una pregunta inevitable: hasta dónde llegarán las responsabilidades por la administración de los fondos públicos expuestos en el sistema financiero.
Fondos públicos bajo escrutinio judicial
Las actuaciones fiscales se centran en las decisiones operativas y financieras adoptadas antes de la intervención y posterior resolución de ueno bank. El Ministerio Público busca determinar cómo y bajo qué criterios directivos se autorizó el desvío o la colocación de capitales pertenecientes a distintas dependencias del Estado en una entidad cuyas fragilidades terminaron por desencadenar la intervención de los reguladores.
El caso cobra una magnitud particular por la escala del capital involucrado, especialmente el proveniente de la hidroeléctrica binacional. La investigación apunta a reconstruir la cadena de mando y las firmas responsables de autorizar dichas operaciones financieras en momentos previos al colapso de la firma.
La exposición de Itaipú y el reclamo de los recursos
El impacto económico para Itaipú Binacional no es menor. Según la información oficial de la propia entidad, al 3 de noviembre de 2026 la binacional mantenía colocaciones en ueno bank por un total de US$ 163,8 millones más G. 115.200 millones. Estas cifras confirman que el volumen de dinero público comprometido en la entidad fallida representa un frente crítico para las arcas de la hidroeléctrica.
Desde la administración de la margen derecha informaron que dichos recursos se encuentran actualmente bajo procesos de reclamo formal a través de acciones legales. Si bien el informe oficial aclara que la pérdida definitiva de estos fondos aún no está determinada, la exigibilidad de semejante masa de dinero en un escenario de resolución bancaria impone un panorama complejo y de incierta recuperación a corto plazo.
Remoción por decreto del Consejo de Administración
En el terreno político, la respuesta del Gobierno central fue inmediata. A través de un decreto firmado por la Presidencia de la República y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo dio por terminadas las funciones de Carlos Fernández Valdovinos como consejero en la entidad binacional.
El instrumento oficial fundamenta la decisión en las atribuciones constitucionales que otorgan al mandatario la conducción de la administración general del país. El documento deja sin efecto la nominación dictada en su momento a través del Decreto N.º 2499, del 10 de septiembre de 2024, y cita como antecedente el Decreto N.º 5851, del 24 de abril de 2026, mediante los cuales se había estructurado la representación paraguaya en el órgano directivo de la hidroeléctrica.
El apartamiento de Fernández Valdovinos formaliza el costo político de un escándalo financiero que trasciende la gestión bancaria privada e impacta en la credibilidad de la administración de recursos estratégicos del país. Resta ver si el avance del proceso judicial logrará delimitar la responsabilidad de los administradores en el resguardo del patrimonio público o si las acciones legales del Estado llegarán a tiempo para mitigar el perjuicio patrimonial.