En un movimiento de fuerte impacto para el tablero político nacional, el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) resolvió la expulsión del presidente de la República, Santiago Peña, de las filas del Partido Colorado. La medida fue formalizada a través de la Resolución T.C. N.º 10/2026, con fecha del 10 de noviembre de 2026. El fallo sostiene que la permanencia del mandatario resulta incompatible con los principios de la agrupación, tras los hechos analizados durante el juicio político llevado a cabo en el Parlamento Nacional el pasado 6 de noviembre.
Los argumentos jurídicos y éticos del juzgamiento
El documento oficial fundamenta la sanción en presuntas faltas éticas y partidarias atribuidas al jefe de Estado durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Para fundamentar el alcance de la expulsión, el Tribunal invocó el artículo 128 del Estatuto Partidario, en concordancia con las disposiciones del Código de Ética de la ANR, normativas que otorgan la potestad de juzgar el proceder de los afiliados.
Asimismo, el órgano disciplinario recurrió al artículo 7 del reglamento del Tribunal de Conducta. Esta disposición habilita la apertura de procedimientos de oficio cuando las actuaciones de un miembro de la nucleación sean consideradas perjudiciales para los intereses institucionales o abiertamente contrarias a la normativa interna.
Faltas morales y afectación a la agrupación
Según lo consignado en el texto resolutivo, las actuaciones de Peña en el ejercicio de la Presidencia de la República terminaron por lesionar los principios ideológicos y morales que rigen a la nucleación política. El fallo no se limita a las cuestiones políticas, sino que hace referencia explícita a hechos de carácter criminal que, según la argumentación vertida, ocasionaron un perjuicio tanto a la ciudadanía como a la propia estructura partidaria.
En uno de los pasajes centrales del análisis, el Tribunal asevera que la conducta expuesta por el mandatario deshonró a la agrupación y al pueblo paraguayo, haciendo insostenible su continuidad dentro del registro de afiliados de la ANR.
Trámite institucional y derivación
La resolución establece en su segundo apartado la remisión formal de una copia íntegra del documento a la Junta de Gobierno de la ANR y al Tribunal Electoral Partidario, instancias ante las cuales se formalizarán los trámites correspondientes para la desafiliación.
El pronunciamiento institucional marca un precedente severo en el relacionamiento entre el juzgado partidario y la máxima magistratura del Poder Ejecutivo, sustentado de manera exclusiva en los fundamentos técnicos y estatutarios asentados en la resolución de la fecha.