La destitución de Santiago Peña mediante juicio político el pasado viernes 8 de noviembre y su posterior imputación penal marcan un punto de quiebre institucional en el país. El exmandatario se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel en el marco de la investigación iniciada tras la intervención estatal a ueno bank, entidad donde organismos del Estado depositaron millonarios fondos de los contribuyentes durante la presente administración gubernamental.
El Ministerio Público fundamenta la gravedad de la expectativa de pena en la acumulación de supuestos hechos punibles atribuidos al exjefe de Estado. La fiscal de la causa, Verónica Valdez, detalló el alcance del marco penal durante una conferencia de prensa tras los primeros procedimientos judiciales.
«La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible»
El esquema de imputación formulado este sábado sostiene que el expresidente habría actuado como instigador de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio. Según el expediente fiscal, Peña habría intervenido directamente en las decisiones relativas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos e institutos previsionales dentro de la entidad financiera intervenida.
Las conexiones financieras de la imputación
El centro de la causa penal radica en el cruce de intereses entre las decisiones de Gobierno y los activos personales del exmandatario. De acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, Peña mantenía un vínculo económico previo con el conglomerado ueno Holding, matriz del grupo bancario.
La investigación documenta que la exposición financiera del expresidente incluía la titularidad del 1,58 % del capital accionario de la firma ueno Holding, además de poseer un certificado de depósito de ahorro (CDA) en la entidad bancaria y un bono en la firma Itti, sociedades pertenecientes al Grupo Vázquez. Los elementos acusatorios presentados originalmente en la Cámara de Diputados señalan que Peña transfirió sus acciones en dicho conglomerado recién en marzo de 2025, cuando ya ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo.
Prisión preventiva y procesamiento a exdirectivos
El frente judicial no se limita a la figura del expresidente. El fiscal Francisco Cabrera explicó que la causa abarca formalmente a otras 27 personas vinculadas al grupo empresarial, de las cuales ocho son exdirectivos de la entidad intervenida.
«Eventualmente, si hay una modificación de una calificación, también va a haber una modificación del marco penal, pero esa es la expectativa de pena mayor a la que están expuestos»
Para el grupo de exdirectivos de la firma, el Ministerio Público trazó una expectativa de pena que alcanza hasta los 12 años de prisión, sujeta a eventuales ampliaciones según avance el levantamiento de evidencias.
Actualmente, el expresidente permanece recluido en la sede del Regimiento Guardia Presidencial en Asunción. La medida cautelar de prisión preventiva fue decretada por el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, bajo el argumento de asegurar el sometimiento del imputado al proceso penal tras ser detenido horas después de haber sido relevado del cargo por el Senado.