El Poder Ejecutivo, a través del Viceministerio de Minas y Energía del MOPC, formalizó el marco reglamentario que regirá la incorporación de inversiones privadas en el sistema eléctrico nacional. Mediante la aprobación de tres normativas basadas en la Ley N.º 7599/2025, la autoridad energética busca establecer condiciones claras para los proyectos de generación no hidráulica, delimitando las reglas de juego en un sector donde la previsibilidad jurídica resulta indispensable para atraer capital a largo plazo.
Las disposiciones alcanzan a autogeneradores, cogeneradores y exportadores de energía, definiendo el camino técnico y legal que deberán recorrer las empresas para inyectar su producción a la infraestructura existente. El paso institucional responde a la urgencia de diversificar la matriz energética y evitar cuellos de botella en la cobertura de la demanda futura, un desafío donde los discursos oficiales deben contrastarse con la capacidad real de ejecución técnica.
Exigencias técnicas para el enlace al sistema nacional
El primer eje de este paquete reglamentario se centra en las condiciones requeridas para interconectar las plantas de fuentes renovables al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La regulación hace especial énfasis en las infraestructuras que operarán en líneas de transmisión de 66 kV o tensiones superiores, donde la estabilidad del flujo resulta crítica.
Según lo dispuesto, las firmas generadoras deberán someterse a estándares de calidad para garantizar la estabilidad de la red antes de iniciar operaciones. Las exigencias contemplan:
Procedimientos obligatorios de coordinación técnica con la red pública.
Pruebas operativas previas a la habilitación comercial de la planta.
Sistemas de medición homologados para fiscalizar la energía inyectada.
El esquema contractual con la ANDE
Un aspecto central para los inversionistas es la certeza sobre los términos comerciales. En ese ámbito, la Resolución N.º 1699/2026 establece los requisitos indispensables que deberán incluir los contratos firmados entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los desarrolladores privados.
La norma exige precisar la ubicación exacta del punto de conexión, la metodología de coordinación de suministro a cargo del centro de despacho de la estatal y los mecanismos financieros de la transacción. Asimismo, introduce cláusulas de resolución de controversias contractuales, un elemento clave para mitigar riesgos legales en proyectos de alta intensidad de capital.
Límites al traspaso accionario y control societario
Con la Resolución N.º 1700/2026, la autoridad regulatoria busca evitar la especulación con las licencias y asegurar que los proyectos sean ejecutados por firmas con solvencia real. Esta disposición reglamenta la transferencia de contratos, los créditos por excedentes de energía entregados a la red y las acciones de las sociedades creadas para operar estos activos.
El texto establece que cualquier entidad que pretenda asumir la titularidad de un contrato deberá acreditar capacidad técnica y financiera suficiente. Además, la normativa impone una restricción de peso:
El adjudicatario original deberá conservar al menos el 51% de las acciones con derecho a voto.
El objetivo de este blindaje es garantizar que la firma que ganó la adjudicación mantenga el control operativo y la responsabilidad legal de la sociedad durante el desarrollo del emprendimiento.
La fijación de estas reglas marca un avance en el diseño institucional del sector energético paraguayo. Resta verificar si la estructura burocrática y operativa de la ANDE y del propio viceministerio estará a la altura de gestionar los procesos de integración sin convertir las exigencias técnicas en trabas administrativas.