El impacto político y financiero del caso ueno bank suma un nuevo capítulo de fuerte repercusión institucional dentro del propio oficialismo. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, afirmó este miércoles que la actuación del expresidente de la República, Santiago Peña, representa una “decepción” para las filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y sostuvo que los hechos vinculados a la entidad bancaria causaron un perjuicio severo a los ahorristas y a las instituciones públicas del Estado.
Las declaraciones del titular del Congreso, brindadas en rueda de prensa antes del inicio de la sesión ordinaria en la Cámara Alta, formalizan la ruptura del sector con el exmandatario y exponen la gravedad de un caso que cruza la estabilidad del sistema financiero con el debate de la responsabilidad política.
El trasfondo político: expulsión de la ANR y el rol del Congreso
Al ser consultado sobre la desafección de Peña de la nómina de afiliados del partido de Gobierno, el titular del Legislativo respaldó la medida tomada por la conducción partidaria y atribuyó a la labor parlamentaria el inicio de las indagaciones públicas sobre el banco.
“Es lo mínimo que se podía hacer, eso lo digo con el dolor en el alma, hay que reconocer y van a ir saliendo más y más cosas. Sí, puedo reiterar, que estamos tres senadores que tuvimos coraje de presentar ese pedido de informe, que ayudó a que esto detone”
El señalamiento del legislador apunta a mostrar que los mecanismos de fiscalización de la Cámara Alta precedieron a las resoluciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y a las posteriores acciones en la esfera penal, en un intento por deslindar la responsabilidad de la bancada oficialista frente a los manejos de la entidad financiera involucrada.
Las investigaciones penales y el debate sobre la imputación
En el plano judicial, Núñez se refirió a la situación procesal de Peña, quien actualmente afronta medidas cautelares en el marco de las investigaciones del Ministerio Público. Frente a las críticas ciudadanas y políticas que cuestionan por qué el exjefe de Estado no fue imputado bajo la figura de asociación criminal, el presidente del Senado pidió respetar la autonomía de los agentes fiscales a cargo del caso.
Según la postura del legislador, emitir una calificación jurídica desde la presidencia del Congreso implicaría una injerencia indebida de poderes. Núñez enfatizó que el proceso muestra avances inéditos en la justicia local, destacando que es la primera ocasión en la historia reciente del país en que un expresidente se encuentra privado de libertad y con arresto preventivo en el marco de una causa penal de esta magnitud.
Juicio político al fiscal general: prudencia y cautela legislativa
Respecto a la propuesta impulsada por sectores de la oposición para promover un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón —a quien cuestionan por supuesta inacción frente a denuncias previas contra Peña—, Núñez adoptó una postura de reserva y recordó los trámites constitucionales requeridos.
El titular del Senado explicó que la labor de Rolón es de carácter administrativo y que las causas penales están bajo la responsabilidad directa de los fiscales asignados al expediente. Asimismo, recordó que la iniciativa de la acusación corresponde constitucionalmente a la Cámara de Diputados, señalando que no acompañará ningún pedido de destitución mientras no existan elementos probatorios consistentes que justifiquen el juicio político.