La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó que activará los mecanismos legales a su alcance para intentar recuperar USD 10 millones pertenecientes al sistema complementario de jubilaciones de sus trabajadores en la margen derecha. El dinero había sido colocado en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank. La decisión marca el inicio de un proceso judicial que busca el retorno del capital y de los rendimientos acordados, en medio de la conmoción que genera el escenario financiero de la entidad bancaria implicada.
El caso expone con crudeza los riesgos asociados a la gestión de portafolios de inversión en regímenes de previsión social. Aunque las decisiones administrativas busquen optimizar rendimientos, el desenlace actual obliga a la hidroeléctrica a litigar para resguardar activos que pertenecen, en última instancia, al ahorro de sus propios dependientes.
El origen y los plazos de la colocación
Según el informe institucional de la EBY, el origen de la transacción se remonta a octubre de 2025. En ese momento, el Comité de Administración y Control del fondo previsional recibió propuestas de inversión provenientes de cinco casas de bolsa. La entidad sostiene que los instrumentos fueron sometidos a un análisis técnico previo para determinar la alternativa más conveniente para el patrimonio de los funcionarios.
Tras dicha evaluación, el 28 de noviembre de 2025 se formalizó la aprobación para invertir los USD 10 millones en CDA de Ueno Bank. La operación se concretó mediante la intermediación de Valores Casa de Bolsa SA, bajo una tasa de rendimiento anual fijada en 6,90% y con una fecha de vencimiento pactada para el 24 de mayo de 2027.
El alcance financiero y la respuesta jurídica
Desde la binacional remarcaron que la situación no compromete la estructura financiera general ni el patrimonio de Yacyretá. La aclaración responde a que los recursos depositados integran exclusivamente el fideicomiso previsional de los empleados del lado paraguayo. Se trata de un régimen de carácter voluntario diseñado para complementar las prestaciones jubilatorias, el cual no opera como una caja autónoma de jubilaciones.
Asimismo, la institución aseguró que el fondo cuenta con los recursos líquidos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con sus beneficiarios, descartando —por el momento— un quiebre en los pagos. No obstante, ante la coyuntura que atraviesa el banco, la Dirección Jurídica de la EBY recibió la orden de accionar formalmente para exigir la restitución del capital y los intereses devengados.
La EBY manifestó además su disposición de remitir los antecedentes y la documentación requerida por los organismos de control con el fin de colaborar en el esclarecimiento del caso. Más allá de la estrategia legal que se despliegue, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los criterios de prudencia y ponderación de riesgo con que se administraron estos capitales en el mercado local.
