El Poder Ejecutivo presenta este viernes ante el Congreso Nacional un proyecto de ley con el que busca frenar el colapso en cadena del entramado empresarial vinculado al Grupo Vázquez, tras la intervención de Ueno Bank. La iniciativa apunta a crear un régimen de administración provisoria para aquellas sociedades que no estén directamente intervenidas por el Poder Judicial ni bajo el control de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), con el argumento central de proteger el empleo y preservar el valor comercial de los activos.
La propuesta legal plantea un esquema de intervención estatal transitoria por un plazo inicial de ocho meses. Durante este periodo, se pretende que las firmas sigan operando, eviten la quiebra e incluso preparen el terreno para una eventual venta al sector privado, destinando los fondos que se generen al pago de acreedores, ahorristas y compromisos laborales.
Intervención provisoria para evitar el cese de operaciones
El mecanismo del proyecto fue detallado por el asesor jurídico de la Presidencia, el abogado Eduardo González, en declaraciones al programa Así son las cosas, emitido por GEN y Universo 970 AM. El funcionario sostuvo que la principal preocupación del Gobierno es el impacto que el caso judicial y financiero puede tener sobre empresas que, aunque pertenezcan al mismo grupo holding, no están formalmente salpicadas por la causa penal directa contra la entidad bancaria.
“Nos preocupa la suerte de las empresas o sociedades no vinculadas o afectadas directamente con el proceso de intervención de Ueno Bank”, expresó el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González.
Según explicó el profesional, el texto normativo fue elaborado en forma conjunta por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Asimismo, indicó que el planteamiento fue expuesto ante los representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay, quienes habrían brindado una recepción favorable a la salida legal planteada por la administración central.
Un consejo gubernamental y la figura del administrador provisorio
El proyecto establece la creación de un consejo interdisciplinario integrado por representantes del Ejecutivo, de los ministerios de Economía, Industria y Comercio, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el BCP. Este órgano tendrá la responsabilidad de verificar que las empresas alcanzadas tengan existencia real y viabilidad operativa antes de dictar su inclusión en el régimen de excepción.
Una vez admitida la firma dentro del programa, se revocarán de manera inmediata los mandatos, poderes y facultades de los actuales directores y apoderados. En su reemplazo, el consejo nombrará a un administrador provisorio, cuya función será gestionar el día a día de la compañía, rendir cuentas periódicas al estamento estatal y abstenerse de tomar decisiones estratégicas sin previa autorización oficial. La retribución de este ejecutor no saldrá de las arcas públicas, sino de los ingresos que genere la propia empresa bajo su gestión.
Capitalización, posible venta y pago a los acreedores
El plan trazado por el Gobierno contempla que, una vez estabilizada la operación de cada unidad de negocio, se busque su capitalización o transferencia definitiva. González indicó que la venta de las sociedades a terceros interesados figura como una de las alternativas viables para dar salida de fondo a la crisis del grupo comercial.
Los recursos que eventualmente se obtengan por la comercialización de estos activos serían utilizados para cubrir las obligaciones pendientes con los ahorristas del sistema y garantizar los pagos de los derechos laborales de los trabajadores involucrados. El Ejecutivo aguarda ahora que el Poder Legislativo imprima un trámite acelerado a la propuesta para poner en marcha el salvataje institucional.