El Ejecutivo anuncia recortes por US$ 80 millones en Hambre Cero para ajustar el PGN 2027

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El Poder Ejecutivo prepara un nuevo paquete de modificaciones al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 antes de su discusión en la Cámara de Senadores. El presidente Pedro Alliana confirmó que se aplicará un ajuste de aproximadamente US$ 80 millones en el programa de alimentación escolar Hambre Cero, una medida que busca recalibrar las cuentas públicas tras una primera reasignación de recursos por G. 622.000 millones destinada a áreas sociales de respuesta inmediata.

Las claves del tijeretazo al programa de alimentación

El plan trazado por la administración central para reconfigurar el gasto en Hambre Cero no implica formalmente una reducción en la cobertura de los beneficiarios, sino un ajuste en el esquema operativo del servicio. La intención oficial es sincronizar de forma estricta la provisión de alimentos con los días efectivos de clase, recortando el flujo durante los periodos de exámenes y las jornadas festivas o feriados en los que las aulas permanecen cerradas.

A este reordenamiento del calendario se le sumará una revisión detallada de las estructuras de costos. Según el reporte oficial, las autoridades enfocarán sus fiscalizaciones en las contrataciones de zonas urbanas, donde consideran que existe margen para exigir precios más ajustados a los proveedores. Además, Alliana adelantó la posibilidad de obtener un ahorro suplementario de US$ 20 millones, aunque sin precisar todavía qué mecanismos técnicos se ejecutarán para alcanzar ese monto adicional.

El anuncio sobre Hambre Cero se produce en un escenario donde el programa acumula cuestionamientos por retrasos en los pagos a las empresas adjudicadas. La falta de regularización de los compromisos financieros con los proveedores de alimentos añade una capa de incertidumbre sobre la operatividad real que tendrá el sistema una vez que entren en vigor las nuevas pautas presupuestarias.

Reorganización de partidas: entre salud, obras y austeridad oficial

Las modificaciones que el Ejecutivo coordinó con la Cámara de Diputados —instancia que ya otorgó media sanción a ajustes agregados por unos G. 1,783 billones (alrededor de US$ 276 millones)— respondieron a la necesidad de canalizar fondos hacia sectores bajo fuerte presión institucional. De ese paquete de reasignaciones iniciales, G. 400.000 millones se dirigieron a la compra de medicamentos e insumos hospitalarios, G. 150.000 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y G. 72.000 millones al sistema educativo.

Para financiar parte de estos traslados de partidas, el Gobierno dispuso una reducción directa de G. 20.000 millones en los rubros operativos asignados a la Presidencia de la República. El recorte alcanza a partidas tradicionalmente sensibles ante la opinión pública: pasajes aéreos, viáticos, servicios de catering, mantenimiento de edificios de la administración, así como partidas destinadas al uso del avión presidencial y los gastos reservados.

El mandatario señaló que los nuevos cambios se encuentran en elaboración con el Senado y que buscará que esa versión del presupuesto sea la finalmente aprobada.

Riesgo financiero e impacto en los fondos previsionales

El reajuste de las cuentas públicas coincide con las turbulencias generadas en el sistema financiero tras la resolución de ueno bank. En su balance sobre la coyuntura económica, Alliana informó que más de 1,8 millones de exclientes recuperaron su dinero mediante el desembolso del Fondo de Garantía de Depósitos, el cual ofreció una cobertura de hasta 40 salarios mínimos por ahorrista.

En lo relativo al patrimonio previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades del sector público expuestas al cierre de la entidad bancaria, el Ejecutivo indicó que se identificaron activos sanos por cerca de US$ 600 millones. De acuerdo con el reporte del Gobierno, estos instrumentos permitirán respaldar los fondos comprometidos y asegurar la continuidad en el pago de los haberes a los jubilados.

El proyecto del PGN 2027 pasa ahora formalmente a la Cámara de Senadores. En esa instancia se definirá si las cifras remitidas por el Ejecutivo se consolidan o si el articulado sufre nuevas modificaciones en el trámite legislativo final.

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