La crisis de legitimidad que atraviesa la Fiscalía General del Estado sumó un capítulo de peso institucional. El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) solicitó públicamente que el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, evalúe su continuidad y presente su renuncia al cargo. El pronunciamiento no proviene de la trinchera política ni de la especulación partidaria, sino del principal gremio de profesionales del derecho, que advierte sobre un deterioro sistemático de la confianza pública en el órgano encargado de la persecución penal.
La postura del gremio responde al clima de tensión generado por las crecientes denuncias contra la gestión y el anuncio de un libelo acusatorio para impulsar un juicio político en el Congreso. Para los abogados, la trascendencia de estos hechos exige revisar la conducción, la responsabilidad y la credibilidad de la institución, cuya autonomía debe ir del brazo con la rendición de cuentas y la transparencia en sus actuaciones.
Cuestionamientos a la gestión y discrecionalidad
El reclamo del Colegio de Abogados puntualiza fallas concretas en la operatividad de la Fiscalía. Entre los principales señalamientos figuran la demora injustificada en diligencias de causas de alto impacto, presuntos tratos diferenciados según el perfil de los investigados y las arbitrariedades en la asignación o traslado de agentes fiscales en expedientes sensibles.
El gremio señaló que la trascendencia de las denuncias y el anuncio de la presentación de un libelo acusatorio para promover un juicio político requieren una revisión de la conducción, la responsabilidad y la credibilidad de la institución.
A criterio de la entidad, estas irregularidades dejaron de ser episodios aislados para convertirse en un patrón que erosiona la credibilidad de la justicia. El señalamiento apunta al corazón del problema: cuando la ciudadanía percibe que la ley no se aplica con el mismo rasero para todos, la figura del Fiscal General pierde su autoridad moral para sostener la acción penal del Estado.
Debido proceso y el riesgo de las salidas al margen de la ley
En su comunicado, emitido el 16 de noviembre, el gremio aclaró que el pedido de renuncia no busca sustituir los mecanismos constitucionales ni prejuzgar sobre eventuales responsabilidades, las cuales deben probarse conforme al debido proceso. Asimismo, enfatizó la necesidad de esclarecer las denuncias sobre interferencias en las investigaciones, fallas en la protección de denunciantes y el funcionamiento interno de las dependencias fiscales.
El pronunciamiento cierra con una advertencia institucional clave ante el escenario de una eventual vacancia. El Colegio remarcó que, de concretarse una sucesión anticipada, las autoridades deberán ceñirse estrictamente a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa vigente, evitando cualquier maniobra o acuerdo político que pretenda designar un reemplazo al margen del marco legal.
