La investigación judicial por el colapso de ueno bank dio este martes un paso decisivo hacia el círculo familiar directo del expresidente Santiago Peña. En dos procedimientos simultáneos desplegados desde primeras horas de la mañana, comitivas fiscal-policiales allanaron las viviendas de sus hermanos, Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios, ubicadas en las zonas de Mariscal Estigarribia y Los Laureles, en la capital paraguaya. La medida busca levantar evidencias claves en el expediente que no solo desnudó una crisis financiera, sino que precipitó la caída del propio Poder Ejecutivo.
Los operativos estuvieron a cargo de los fiscales Christian Benítez y Silvia González. Según confirmaron las autoridades del Ministerio Público, el objetivo central de las intervenciones consistió en el secuestro de documentación y equipos electrónicos que permitan reconstruir el entramado de operaciones y la circulación de capitales vinculados a la entidad intervenida. Hasta el momento de este reporte no existen órdenes de detención libradas contra los hermanos del exmandatario, aunque el volumen de los elementos incautados sugiere que el caso ha entrado en una fase analítica de alta intensidad penal.
El foco sobre Francisco Peña Palacios no es casual ni accesorio. En los antecedentes recabados por los investigadores figura su participación como socio en u Holdings Sàrl, una firma constituida en Luxemburgo en 2024 en sociedad con otros actores del ecosistema empresarial y político local. La sospecha de fondo que intentan esclarecer los investigadores es si esa estructura offshore sirvió de vehículo para el desvío de fondos o el blindaje de activos mientras la entidad financiera caminaba hacia un deterioro irreversible de sus balances.
Del descalabro financiero a la tormenta institucional
Para comprender la magnitud de las diligencias de esta mañana es necesario observar el punto de quiebre: la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) a ueno bank tras constatar una situación de insolvencia técnica que amenazaba con arrastrar al resto del sistema de pagos. Aquella decisión técnica funcionó como el detonante de un terremoto político que derivó en la destitución de Santiago Peña del cargo presidencial, marcando un hito sin precedentes en la era democrática reciente.
El caso expone con crudeza la delgada frontera entre las decisiones de política económica, las regulaciones de supervisión financiera y los intereses privados deeply incrustados en la cúpula del poder. Cuando la solvencia de un banco se desmorona y los nombres de los familiares directos del primer mandatario emergen vinculados a sociedades de ultramar creadas durante el ejercicio del mandato, la discusión deja de ser puramente contable para transformarse en un examen sobre la solidez de las instituciones del Estado.
El seguimiento judicial a los hermanos Peña Palacios abre interrogantes de fondo sobre el alcance real de las responsabilidades en el caso ueno bank. La ciudadanía y los agentes económicos no solo demandan saber qué pasó con los recursos de la entidad, sino determinar si la justicia actuará con el rigor técnico necesario para deslindar culpas sin distinción de apellidos ni linajes políticos.
