La Justicia dictó la orden de captura contra el exdiputado Miguel Cuevas con el objetivo de que cumpla de manera efectiva la condena de cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. La resolución fue firmada por la jueza de Ejecución Penal tras completarse el recorrido institucional de apelaciones y recursos que postergaron el cumplimiento de la sentencia firme dictada en su contra.
El peso de los números y el origen del caso
El proceso penal contra el ex legislador abdista se concentró en una inconsistencia financiera directa: la incapacidad de justificar el origen de 1.900 millones de guaraníes en su patrimonio personal. Esta diferencia entre los ingresos declarados en la función pública y los bienes acumulados derivó en la condena impuesta originalmente en septiembre de 2023 por un tribunal de sentencia, resolución que incluyó además cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cuevas, quien llegó al Congreso como una de las figuras principales de la bancada del expresidente Mario Abdo Benítez y ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados durante el período inicial de dicho mandato, acumuló severas denuncias e investigaciones penales en paralelo a su trayectoria institucional. Las pruebas presentadas por la Fiscalía sostuvieron la acusación técnica que derivó en la pena privativa de libertad.
Chicanas y la revisión judicial definitiva
El trayecto para que la sentencia quede firme estuvo marcado por sucesivas trabas procesales. Tras la confirmación del fallo en diciembre de 2023, la defensa de Cuevas recurrió a la casación intentando la revisión en instancias superiores. Posteriormente, en diciembre de 2025, la Cámara de Apelación en lo Penal volvió a ratificar la condena del ex parlamentario.
Las dilaciones continuaron hasta el pasado 29 de octubre, fecha en que el recurso de casación fue declarado formalmente inadmisible. Con este trámite agotado, el expediente retornó al juzgado de Ejecución, donde la magistrada a cargo dispuso la orden de detención inmediata para hacer cumplir el castigo penal establecido.
El mensaje para la gestión pública
La resolución judicial sobre la figura de un ex presidente de la Cámara Baja plantea una llamada de atención respecto al control del patrimonio de los administradores del Estado. Más allá de las maniobras procesales que dilataron el desenlace, la ejecución de la pena por enriquecimiento ilícito fija un precedente sobre la responsabilidad penal de los altos mandos políticos. Resta observar la efectividad del procedimiento policial para concretar el traslado del condenado a la dependencia penitenciaria correspondiente.
