Julio Daniel Rey Fernández, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, se convirtió en el primer exdirectivo imputado en prestar declaración voluntaria ante el Ministerio Público en el marco de la investigación penal que involucra a la entidad financiera. La comparecencia marca un punto de inflexión en la causa, al introducir evidencia documental generada desde la propia estructura de conducción del banco.
Según confirmó su abogado defensor, Guillermo Ferreiro Cristaldo, la declaración se concretó por iniciativa propia del exejecutivo. Durante la audiencia, la defensa presentó correos electrónicos y copias de documentos internos con los que busca deslindar responsabilidades directas y contribuir al esclarecimiento del trazado financiero ejecutado por la institución.
Documentación interna y señalamientos sobre la gestión
La información entregada a la representación fiscal detalla depósitos presuntamente utilizados para capitalizar la entidad, movimientos de montos elevados, operaciones con empresas vinculadas y registros de bienes inmuebles que deberán ser analizados por las unidades investigativas. El aporte busca reconstruir la ruta del dinero y verificar la trazabilidad de los activos involucrados.
Entre los elementos aportados, Rey Fernández hizo referencia a un informe interno denominado «Delirio Colectivo». De acuerdo con la versión de la defensa, la presentación de dicho documento en el ámbito corporativo derivó en el apartamiento de dos directivos que habían comenzado a formular cuestionamientos sobre la administración de la entidad.
«[Rey Fernández busca] colaborar con el rastreo de los fondos y asumir únicamente los actos que lleven su firma»
El abogado Ferreiro señaló además que los documentos entregados contienen registros de movimientos de cuentas cuyo rechazo fue solicitado formalmente por su representado ante el directorio, órgano en el que permaneció hasta cuatro meses antes de la intervención formal de la entidad. Ante este escenario, la defensa evalúa solicitar beneficios procesales para el imputado a cambio de su colaboración efectiva.
Pedido de seguridad y diligencias paralelas en el IPS
Dado el volumen y alcance de los datos expuestos ante los fiscales, la representación legal solicitó que se extremen de manera inmediata las medidas de seguridad en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), donde el exdirectivo cumple la medida cautelar de prisión preventiva.
La causa mantiene abiertas diversas líneas de indagación sobre el destino de los recursos depositados en la entidad. En el marco de estas pesquisas, la Fiscalía ejecutó operativos de allanamiento en las sedes del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se procedió a la incautación de documentación institucional y del teléfono celular del titular de la entidad previsional, Derlis León, a fin de auditar los fondos colocados en el banco investigado.
