El IPS apela a sus reservas por el caso Ueno y adelanta el riesgo sobre los fondos de jubilación

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El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que debió echar mano a sus reservas financieras para cumplir con el pago de haberes, aguinaldos y compromisos con proveedores, tras el congelamiento de sus activos en Ueno Bank durante el proceso de resolución de la entidad bancaria. El hecho, que expone la fragilidad con la que se administran los recursos previsionales en el país, obliga a plantear la pregunta de fondo: ¿hasta qué punto las decisiones financieras de coyuntura comprometen la sostenibilidad del sistema de pensiones de los futuros jubilados?

Según explicó el director jurídico de la previsional, Enrique Galeano, en declaraciones al programa «Así son las cosas» (Universo 970 AM y canal GEN), la institución mantenía aproximadamente US$ 156 millones en cuentas operativas y cerca de US$ 3,5 millones en inversiones financieras dentro de la entidad bancaria afectada. El bloqueo de estas cuentas dejó sin liquidez inmediata el mecanismo con el cual cobraban unos 32.000 jubilados, quienes debieron ser redistribuidos en otras ocho instituciones financieras para poder percibir sus haberes y aguinaldos.

Impacto directo en el horizonte actuarial

La gravedad de la medida adoptada no pasa por el pago puntual de los haberes —un derecho innegociable de los asegurados—, sino por la fuente de los fondos utilizados. Las reservas utilizadas no estaban diseñadas para cubrir desfases operativos de corto plazo, sino para amortiguar el impacto demográfico del envejecimiento poblacional proyectado a futuro. El propio Galeano reconoció la magnitud de la contingencia: el uso de estos fondos estaba proyectado para el año 2043, pero con esta contingencia el horizonte de agotamiento o necesidad de uso sistémico podría adelantarse al año 2035.

«Se han utilizado las reservas. Eso estaba proyectado para el 2043, seguramente saldrá 2035», confirmó Enrique Galeano.

Adelantar casi una década el uso de los fondos de reserva para salvar una iliquidez operativa demuestra cómo la gestión de tesorería y las decisiones de colocación de capital pueden trasladar de inmediato un problema financiero al bolsillo y la tranquilidad futura de la población trabajadora. Las jubulaciones se pagan con recursos líquidos y previsibilidad, no con parches sobre la marcha.

Negociación de activos y la investigación fiscal

En el proceso de recuperación de las acreencias, la previsional se encuentra gestionando el reconocimiento de sus instrumentos ante el Banco Central del Paraguay (BCP), habiendo obtenido una prórroga de 15 días para culminar el balance y las conciliaciones bancarias. Aunque las autoridades señalan que las señales del órgano regulador son tranquilizadoras, el IPS enfrenta la posibilidad de recibir activos no líquidos para compensar el dinero atrapado.

Al respecto, la postura jurídica de la institución pretende priorizar el efectivo sobre bienes inmuebles o carteras de crédito. «Las jubilaciones se pagan con dinero, no se pagan con ladrillos», graficó Galeano, señalando que, en caso de recibir propiedades como parte de pago, la entidad deberá buscar su liquidación en el mercado para convertirlas en recursos operativos.

En paralelo, la Fiscalía inició un proceso de investigación penal sobre las decisiones de inversión y el manejo de la tesorería del IPS. Agentes fiscales allanaron la Caja Central y la Dirección de Inversiones y Caja de Préstamos, incautando documentos físicos y el dispositivo celular del presidente de la institución, Derlis León, quien asumió el cargo hace seis semanas. Aunque la previsional manifestó su predisposición a colaborar con la justicia, el avance del caso pone bajo la lupa la responsabilidad institucional en la custodia de los fondos de los trabajadores.

El uso de los fondos de reserva liquida tiempo valioso para el sistema previsional paraguayo. La pronta recuperación del capital en efectivo y la claridad en las investigaciones judiciales determinarán si este episodio queda como un severo llamado de atención o como el inicio de una crisis estructural anticipada para los asegurados.

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