Pericia a los celulares de Santiago Peña: el alcance judicial de una revisión sin precedentes

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El juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, otorgó la autorización judicial para que el Ministerio Público proceda a la extracción íntegra de los datos almacenados en tres teléfonos celulares pertenecientes al expresidente de la República, Santiago Peña. La medida se enmarca en la investigación sobre un presunto esquema criminal diseñado para favorecer al Grupo Vázquez y a Ueno Bank, un expediente que no solo compromete la figura del exmandatario sino que pone a prueba la solidez institucional del sistema de justicia paraguayo frente al poder político y financiero.

Los tres dispositivos —todos de la marca iPhone— fueron incautados en operativos realizados en el Regimiento Escolta Presidencial y en la residencia de Peña en la ciudad de San Bernardino. La decisión magistral fundamenta que la diligencia resulta técnicamente razonable y necesaria, dado que los aparatos podrían albergar registros de llamadas, mensajes, archivos multimedia, documentos y geolocalizaciones clave para determinar si existió una coordinación sistemática entre los imputados y las entidades beneficiadas.

Límites técnicos y el marco temporal de la pericia

El fallo del magistrado no otorga un cheque en blanco a los investigadores. Si bien la orden habilita el uso de técnicas forenses avanzadas para la recuperación de información eliminada, transacciones en billeteras electrónicas, plataformas financieras y de criptoactivos, el análisis delimitó de forma estricta su alcance temporal: se examinarán exclusivamente los eventos ocurridos entre enero de 2023 y noviembre de 2026. Como informó este medio Caso ueno Bank: la Fiscalía solicita autorización judicial para peritar los celulares incautados a Santiago Peña, la Fiscalía había solicitado esta autorización judicial para dar respaldo probatorio a la causa.

Asimismo, la resolución establece un contrapeso de garantías procesales indispensable para evitar abusos o excursiones de pesca informativa. El perito asignado —perteneciente al Departamento de Informática de la Policía Nacional— no podrá ingresar a servicios alojados en la nube ni a plataformas en línea utilizando las contraseñas que eventualmente se extraigan de los equipos. La extracción debe ceñirse, de manera rigurosa, a los hechos imputados.

“La diligencia requerida tiene por finalidad obtener elementos de información que puedan contribuir a la reconstrucción de los acontecimientos investigados […] sin que ello implique adelantar opinión alguna respecto de la responsabilidad penal de las personas sometidas al procedimiento”, señala el fundamento judicial.

El control cruzado y el filtro final del juzgado

El cronograma procesal ya está en marcha. Las defensas técnicas disponen de un plazo de 72 horas para proponer sus propios peritos y presentar los puntos de pericia que estimen convenientes para resguardar los intereses de sus representados. Para el viernes 27 de noviembre, a las 09:30, el juzgado citó la comparecencia del perito oficial para el acto de juramentación, momento en el cual la Fiscalía exhibirá los aparatos antes de iniciar la extracción.

Una vez concluida la descarga y el análisis técnico, los datos recuperados no irán directamente al expediente público. El juez Legal dispuso que la información extraída pase por un filtro judicial previo: será el propio magistrado quien examine el material para determinar qué elementos guardan relación directa con la causa penal. Todo aquel registro, mensaje o documento relativo a la esfera privada del expresidente o ajeno a la imputación deberá ser depurado y destruido formalmente, conforme lo establece la normativa legal vigente.

Una prueba decisiva para la credibilidad republicana

Más allá de las minucias técnicas del procedimiento forense, este paso judicial abre una interrogante de fondo sobre las fronteras entre el ejercicio de la función pública y los intereses corporativos. La pericia de los dispositivos de un expresidente no es un trámite rutinario; representa un hito donde la justicia debe demostrar objetividad, distancia crítica frente al poder saliente y absoluta transparencia en el manejo de la prueba.

El esclarecimiento de los vínculos con Ueno Bank y el Grupo Vázquez requiere un trabajo riguroso, despojado de estridencias y ajustado al debido proceso. La sociedad paraguaya no exige espectáculos mediáticos, sino certeza jurídica: saber si los recursos e instituciones del Estado estuvieron al servicio de un entramado privado o si el proceso logrará deslindar responsabilidades con hechos incontrovertibles.

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