La OCDE advierte que Paraguay enfrentará una mayor presión fiscal para ampliar su cobertura de protección social

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Paraguay se encuentra ante la necesidad de reestructurar sus políticas de bienestar y enfrentará una presión fiscal cada vez más alta si busca extender la cobertura de su sistema de seguridad social. Según advierte un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el principal desafío del Estado paraguayo será ampliar estos servicios básicos sin recargar de forma desproporcionada a una economía que todavía convive con altos índices de empleo informal y una estructura tributaria de baja recaudación.

La brecha de la informalidad laboral

El diagnóstico del organismo multilateral revela una debilidad estructural en el mercado de trabajo local: más de tres cuartas partes de los trabajadores paraguayos se encuentran actualmente excluidos del sistema de seguro social. Esta situación de desprotección afecta la estabilidad económica de las familias ante contingencias como la enfermedad, el desempleo o la vejez, y limita el impacto de las políticas públicas de desarrollo.

Ante este escenario, la OCDE plantea la urgencia de buscar alternativas y ampliar las fuentes de financiamiento estatal. La propuesta apunta a romper la dependencia exclusiva de los aportes obrero-patronales tradicionales, los cuales resultan insuficientes para sostener un sistema universal debido al tamaño del sector informal en el país.

El dilema del financiamiento público

La viabilidad de esta reforma social choca directamente con la realidad fiscal de Paraguay, caracterizada históricamente por una reducida capacidad de recaudación de impuestos. El organismo internacional enfatiza que el diseño de las nuevas herramientas de financiamiento debe ser sumamente preciso para evitar distorsiones que desalienten la formalización de las empresas y de los trabajadores.

La discusión sobre cómo financiar la protección social obligará a debatir reformas de fondo en el mediano plazo, en un equilibrio complejo entre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la garantía de derechos fundamentales para la mayoría de la fuerza laboral del país.

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