El histórico y largamente colapsado penal de Tacumbú, hoy rebautizado como Centro Nacional de Prevenidos, busca dejar atrás décadas de desidia estatal y hacinamiento extremo. El presidente de la República, Santiago Peña, junto al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, habilitaron de manera oficial las mejoras edilicias de la primera etapa de obras en el establecimiento, un proyecto que demandó una inversión de G. 15.000 millones. El anuncio central, más allá de la pintura fresca y las reformas estructurales, es que en noviembre se pondrá en marcha una segunda fase de obras para completar la renovación del predio.
La pregunta de fondo ante este anuncio es si una reforma edilicia, por más millonaria que sea, es suficiente para desmantelar las estructuras de poder informal que gobernaron la penitenciaría durante años. La infraestructura es un paso físico indispensable, pero el verdadero desafío del Ministerio de Justicia radica en sostener el control institucional en el tiempo y evitar que los nuevos espacios vuelvan a deteriorarse bajo las viejas prácticas de corrupción.
Los números de la primera etapa y el fin del hacinamiento extremo
La intervención de esta primera fase abarcó una superficie de 3.350 metros cuadrados y se concentró en la recuperación de los pabellones B, D y F. Las obras permitieron habilitar 117 celdas con una capacidad estimada para albergar a unas 500 personas. Según los datos oficiales del Ministerio de Justicia, las tareas incluyeron la reconstrucción de los baños, la renovación completa de techos, instalaciones eléctricas, sanitarias y las redes de desagüe cloacal y pluvial.
Asimismo, se recuperaron áreas críticas para el funcionamiento diario del penal, tales como el pasillo troncal, la Intendencia, la cocina, la carnicería, la panadería y los depósitos. También se habilitaron un comedor común y un patio polideportivo. Un dato relevante en términos de reinserción es que un total de 120 personas privadas de libertad trabajaron directamente en las obras de construcción y refacción como parte de los programas de capacitación laboral.
Para dimensionar el cambio de escala, cabe recordar la advertencia que hizo el propio presidente Peña durante el acto de inauguración. El mandatario recordó que el antiguo Tacumbú llegó a albergar en su peor momento a unas 4.100 personas, a pesar de que su diseño original contemplaba espacio para apenas 800 internos, cifra que luego se amplió a 1.500 mediante parches de infraestructura.
El nuevo esquema de gestión y la separación de internos
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que esta habilitación es la consecuencia directa de la recuperación del control del penal, un proceso que se inició con la intervención de las fuerzas de seguridad y continuó con los operativos denominados Umbral 3.0 y 3.5. A través de estos procedimientos, las autoridades trasladaron de manera ordenada a más de 500 personas condenadas hacia otros centros penitenciarios del país.
El objetivo técnico de esta movilización es cumplir con una de las deudas históricas del sistema penal paraguayo: la separación efectiva entre procesados (prevenidos) y condenados. El nuevo diseño del establecimiento funcionará bajo un sistema modular que permitirá clasificar a la población de prevenidos, buscando reducir los niveles de violencia interna y facilitar la aplicación de programas de reinserción social.
“Si queremos reinsertar, no podemos simplemente encarcelar, debemos ir más allá. Necesitamos centros con capacidad real de sostener planes y programas”, afirmó Santiago Peña durante su discurso.
Como complemento a las obras civiles, el Gobierno entregó ocho nuevos móviles destinados al traslado de internos para audiencias y juicios ante el Poder Judicial, además de dos ambulancias para la atención médica interna y equipamiento de seguridad para los agentes penitenciarios. La intención declarada de las autoridades es potenciar el uso de medios telemáticos para las audiencias judiciales, evitando en la medida de lo posible el traslado físico de los procesados por motivos de seguridad y costos logísticos.
El desafío de la sostenibilidad en el tiempo
La inversión de G. 15.000 millones y el anuncio de la segunda fase para noviembre demuestran una voluntad política de ordenar el principal foco de conflicto penitenciario del país. Sin embargo, el éxito de este “nuevo rostro” de Tacumbú no se medirá por la calidad del cemento o el brillo de las nuevas celdas, sino por la capacidad del Estado para mantener el monopolio de la fuerza y la disciplina dentro de los pabellones.
La historia reciente nos demuestra que la infraestructura sin una reforma profunda de la carrera penitenciaria y sin controles estrictos contra la corrupción de los guardias termina siendo sobrepasada por el crimen organizado. El Centro Nacional de Prevenidos tiene hoy una nueva oportunidad física; queda por ver si el sistema judicial y penitenciario está a la altura de sostener esta reforma en el largo plazo.