El Ministerio Público sostiene que el exmandatario coordinó con autoridades del Banco Central acciones para evitar la intervención de la entidad y proteger intereses del Grupo Vázquez.
El Ministerio Público sumó la figura de asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña y procesó a exmiembros del Directorio del BCP. Las implicancias de un caso que sacude el sistema financiero y el control previsional.
El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La medida rige de inmediato en la red estatal y alcanza a cuatro tipos de carburantes. El Ejecutivo dispone además una reducción del 50% en el Impuesto Selectivo al Consumo con la promesa de sostener los precios hasta enero.
La Cámara Baja dio luz verde al proyecto presupuestario con ajustes en gastos superfluos del Ejecutivo. El texto pasa al Senado en un escenario marcado por la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al Palacio de López.
El ingeniero reasume al frente de la estatal bajo la administración de Pedro Alliana. Promete diversificar la matriz energética mediante paneles solares y bancos de baterías para asegurar la demanda hasta 2043.
El economista Daniel Correa advierte sobre los efectos colaterales de la liquidación del banco. Entre la reposición del Fondo de Garantía de Depósitos y el impacto en entidades públicas como el IPS, la crisis financiera amenaza con trasladarse directamente al Presupuesto.
El proceso de devolución de depósitos avanza con foco en los clientes que registraban compromisos crediticios con la entidad. El ente regulador detalla los criterios de bancarización para los desembolsos.
La calificadora internacional apunta a la fragilidad institucional y a los controles anticorrupción en Paraguay. Aunque descarta un golpe inmediato a la nota crediticia, alerta sobre el impacto de la incertidumbre política en las inversiones.
Pese al impacto del caso Ueno Bank y la incertidumbre sobre el alcance del quebranto financiero, los resortes del poder económico heredados se mantienen inamovibles en el Gabinete.
El Ejecutivo ordenó a la DNIT congelar las sanciones tributarias y facilitar los trámites a los clientes que operaban con la entidad financiera, argumentando que los ciudadanos no deben pagar por fallas ajenas.
