El Ministerio Público sostiene que el exmandatario coordinó con autoridades del Banco Central acciones para evitar la intervención de la entidad y proteger intereses del Grupo Vázquez.
El Ministerio Público sumó la figura de asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña y procesó a exmiembros del Directorio del BCP. Las implicancias de un caso que sacude el sistema financiero y el control previsional.
El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La medida rige de inmediato en la red estatal y alcanza a cuatro tipos de carburantes. El Ejecutivo dispone además una reducción del 50% en el Impuesto Selectivo al Consumo con la promesa de sostener los precios hasta enero.
La Cámara Baja dio luz verde al proyecto presupuestario con ajustes en gastos superfluos del Ejecutivo. El texto pasa al Senado en un escenario marcado por la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al Palacio de López.
La Asociación de Asegurados exige la devolución de unos US$ 350 millones comprometidos en la entidad financiera. Advierten sobre una eventual huelga general.
La banca matriz comunicará el esquema para la restitución de fondos tras la resolución de la entidad. El proceso priorizará desembolsos iniciales de hasta 10 millones de guaraníes.
Miguel Ángel Almada Frutos fue localizado por la Policía tras la intervención de la entidad. Con su captura sumaron ocho los ejecutivos aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía.
Con un agujero de G. 1,62 billones y la renuncia del titular del BCP, el derrumbe de la entidad compromete cerca de USD 850 millones en recursos del Estado y abre un escenario de incertidumbre política.
La medida preventiva impulsada por el Banco Central busca resguardar activos ante un hueco de billones de guaraniés y uso indebido del encaje legal. El impacto en el sistema de pagos y en la confianza bancaria.
A pedido del Banco Central del Paraguay, la Justicia trabó medidas cautelares por hasta US$ 70 millones para blindar activos durante la resolución de la entidad financiera. La decisión apunta a resguardar a los depositantes y definir responsabilidades.
