El Banco Central del Paraguay (BCP) anunciará este miércoles el procedimiento oficial para que los clientes de Ueno Bank y los jubilados que percibían sus haberes en dicha entidad puedan acceder a sus recursos financieros. La medida se adopta tras la decisión de la banca matriz de disponer la intervención y el inicio del proceso de resolución del banco, una determinación tomada luego de verificar que el indicador de solvencia de la entidad cayó por debajo del mínimo legal y reglamentario exigido para operar en el sistema financiero nacional.
La decisión oficial no solo expone las debilidades patrimoniales de una entidad en proceso de resolución, sino que abre un frente de incertidumbre directa para miles de usuarios y jubilados que dependen de la fluidez del sistema para cubrir sus necesidades diarias. El desafío del regulador pasa ahora por ejecutar un rescate ordenado que devuelva la operatividad a los fondos sin generar distorsiones mayores en la confianza del público ahorrista.
Tres esquemas para la devolución de los fondos
Según adelantó la presidenta interina del BCP, Liana Caballero, el mecanismo operativo diferenciará a los afectados en tres grupos específicos. El primer grupo estará integrado por los clientes que poseen cuentas activas en otras entidades del sistema bancario o financiero; el segundo abarcará a quienes operaban exclusivamente a través de Ueno Bank; mientras que el tercer segmento estará compuesto por los jubilados que cobraban sus haberes mensuales a través de la institución intervenida. Esta segmentación busca establecer canales diferenciados de atención y acreditación según el perfil de cada usuario.
En términos de montos e instrumentos de cobertura, el BCP confirmó que los depositantes podrán acceder en una primera etapa a un desembolso inicial de hasta G. 10 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Para aquellos ahorristas cuyos saldos superen dicho techo inicial, la restitución del capital restante se ajustará a un calendario de pagos que la autoridad monetaria debe detallar en su comunicación oficial.
Límites de cobertura y el reto de la solvencia
El marco regulatorio vigente establece que la cobertura ordinaria del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica en una misma institución financiera. Esta cifra equivale en la actualidad a un monto aproximado de G. 228,3 millones. La activación del fondo responde de forma directa al deterioro en los niveles de capitalización de la entidad, un parámetro clave que la normativa exige vigilar para garantizar la estabilidad del sistema.
Más allá de la contención técnica que ofrece la cobertura del FGD, la resolución de una entidad bancaria pone a prueba la capacidad de respuesta institucional del ente regulador. El cumplimiento estricto del cronograma y la claridad en los canales de pago resultarán determinantes para evitar cuellos de botella en la liquidez de los sectores más vulnerables, en particular los pensionados y pequeños ahorristas cuya operatividad diaria quedó suspendida tras la medida.