La Cámara de Diputados aborda este miércoles, en sesión extraordinaria, una reforma clave a la legislación financiera con un objetivo inmediato: habilitar la devolución anticipada de ahorros a los clientes afectados por el caso Ueno Bank. La propuesta busca modificar la Ley de Garantía de Depósitos para establecer un mecanismo de emergencia que permita liberar fondos de forma casi instantánea, en un intento por contener el impacto social y bancario de la crisis.
Un desembolso de urgencia en 24 horas
El punto central del proyecto plantea que los depositantes puedan acceder a un pago anticipado de hasta 40 salarios mínimos. Con el haber mínimo vigente en Paraguay, el rescate financiero alcanzará un techo de hasta G. 121 millones por persona, buscando cubrir de forma prioritaria a los pequeños y medianos ahorristas que quedaron con sus fondos congelados.
Según los términos de la convocatoria, el procedimiento prevé plazos de ejecución inéditos para la burocracia estatal: las devoluciones deberán efectivizarse en un plazo máximo de 24 horas tras la aprobación del trámite. La intención manifestada por el Legislativo apunta a evitar que la iliquidez temporal de los clientes paralice la cadena de pagos y afecte el consumo cotidiano de los usuarios de la entidad.
Las implicancias regulatorias y la prueba para el sistema
El tratamiento a través de un único punto en el orden del día evidencia la urgencia política y económica de la medida. En términos del sistema financiero paraguayo, alterar los esquemas tradicionales de resolución bancaria para acelerar desembolsos representa una prueba de fuego para los fondos de garantía del Estado y para la capacidad de respuesta de los organismos reguladores.
El debate en la Cámara Baja pondrá a prueba el alcance técnico de la reforma: mientras el proyecto busca responder al reclamo inmediato de las familias y comercios que operan con la entidad, el impacto de largo plazo en el Fondo de Garantía de Depósitos dependerá del rigor con que se recupere el activo del banco bajo intervención. El resultado de la votación determinará no solo la velocidad del auxilio a los afectados, sino también la señal que el Congreso envía al mercado sobre la solidez de la protección del ahorro en Paraguay.