El cese de operaciones e intervención de ueno bank dejó de ser únicamente una sacudida financiera para convertirse, en cuestión de horas, en un conflicto social y laboral de proporciones masivas. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó este lunes que la coyuntura alcanza a un universo preliminar de 4.621 trabajadores entre empleados de nómina directa, personal de corresponsalías no bancarias y prestadores de servicios de las firmas satélites vinculadas al Grupo Vázquez. La cifra convierte a este proceso de resolución bancaria en uno de los episodios de destrucción de empleo formal más severos del último lustro en Paraguay.
El hecho central no reside únicamente en la parálisis de la entidad de crédito, sino en la velocidad con la que el impacto se ramificó hacia la economía real. La interrogante que hoy enfrenta la administración pública y el sistema productivo es clara: ¿hasta qué punto el ecosistema de empresas tercerizadas, medios de comunicación y firmas de tecnología podrá resistir el colapso de su principal pulmón financiero sin desencadenar una ola de despidos en cadena?
El mapa del impacto: de la nómina directa a la masa tercerizada
Las cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) permiten dimensionar la magnitud de la estructura que dependía del banco. En la nómina formal de la entidad financiera figuraban 490 trabajadores activos al momento de la intervención decretada por el Banco Central del Paraguay (BCP). Estos empleados enfrentan la suspensión inmediata de sus actividades a la espera de que los liquidadores determinen la suerte del pasivo laboral.
Sin embargo, el tramo más severo del problema se concentra en el entramado de proveedores externos. El catastro ministerial identifica a más de 4.100 trabajadores indirectos vinculados a servicios operativos, soporte tecnológico, atención al público y canales de cobro. Tan solo en la firma de corresponsalía bancaria Wepa se contabilizan 250 dependientes cuyo ingreso directo está atado a la transaccionalidad de la red. A esto se suman las sociedades anónimas, empresas de tecnología y medios de comunicación ligados comercial y estructuralmente al Grupo Vázquez, cuyos ingresos cayeron de manera drástica tras la medida regulatoria.
Según los catastros preliminares realizados por el ministerio, el universo de trabajadores alcanzados por la coyuntura supera los 4.621 afectados directos e indirectos.
El traslado de estos números a la vida cotidiana de los asalariados implica una parálisis inmediata en el cobro de haberes y la incertidumbre sobre la continuidad de sus aportes a la seguridad social. Cuando una entidad de esta envergadura cae, el crédito consumido, la liquidación comercial y los contratos de servicios se congelan en el mismo instante, dejando a miles de familias a la deriva financiera.
El marco legal y el laberinto de la indemnización
Ante la gravedad del escenario, la titular de la cartera laboral señaló que se estableció un canal de articulación directa con la Superintendencia de Bancos. El objetivo prioritario es aplicar las previsiones del artículo 17 de la Ley N° 2334/2003 de desintermediación financiera, normativa que regula los procesos de resolución bancaria y establece el orden de prelación para el cobro de créditos y beneficios sociales de los dependientes.
El desafío técnico no es menor. Mientras los 490 empleados directos cuentan con un amparo legal de prelación sobre los activos remanentes de la entidad en liquidación, los más de 4.100 trabajadores tercerizados quedan en una zona gris. En la práctica, el cumplimiento de las indemnizaciones de las empresas contratistas dependerá de la liquidez individual de cada firma proveedora y de la velocidad con que el BCP libere o ejecute las garantías existentes.
La prioridad absoluta es relevar la situación de los dependientes y asegurar que las resoluciones del Banco Central del Paraguay se articulen en sintonía con las leyes laborales.
Desde el punto de vista institucional, la cartera laboral anunció que auditará caso por caso el nivel de cumplimiento de las obligaciones ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Aunque el reporte oficial indica que la mayoría de los puestos directos estaban formalizados, el riesgo real de precarización e incumplimiento indemnizatorio se traslada a las pequeñas y medianas empresas contratistas que dependían en exclusiva de la billetera del grupo.
Canales de atención y la prueba de fuego para la regulación
Para encauzar los reclamos y prestar asesoramiento jurídico a los afectados, el MTESS habilitó mesas de atención presencial en su sede central de Paraguarí y Herrera en Asunción, además de activar coordinaciones regionales en el interior del país. Asimismo, se pusieron a disposición la línea de WhatsApp 0993 300 800 y el correo electrónico [email protected].
Resulta paradójico que la narrativa de modernización, inclusión financiera y bancarización masiva que acompañó el vertiginoso ascenso de la entidad derive hoy en un plan de contingencia laboral de emergencia para contener los daños. El discurso de la eficiencia tecnológica encuentra su límite cuando los balances no cierran y la supervisión prudencial debe actuar de urgencia.
La resolución de esta crisis no solo evaluará la solvencia de los mecanismos de cobertura del BCP, sino la capacidad real del Estado paraguayo para garantizar que el costo de la mala gestión o la imprudencia financiera no recaiga, una vez más, sobre el eslabón más débil de la cadena: los asalariados. Queda por ver si la aplicación de la ley responderá con la celeridad que exige la pérdida del sustento diario de más de 4.500 familias.