La crisis desencadenada por el proceso de resolución de ueno bank suma una dimensión crucial que va más allá de los números del sistema financiero: el impacto directo sobre la fuerza laboral. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) habilitó canales especiales de atención y orientación dirigidos a los empleados de la entidad bancaria y de sus empresas vinculadas, con el objetivo de resguardar el cumplimiento del Código Laboral durante este periodo de incertidumbre.
La intervención del BCP expone una crisis de gobernanza e insolvencia que hoy repercute en el día a día de cientos de familias trabajadoras. Frente a la suspensión provisional de operaciones del banco, la inquietud principal en el ámbito laboral radica en la continuidad de los contratos, la cobrabilidad de las remuneraciones en fecha y el eventual cálculo de indemnizaciones en caso de reestructuraciones o desvinculaciones masivas.
Asistencia legal y vías de contacto habilitadas
Desde la cartera laboral aclararon que la habilitación de estos servicios no implica necesariamente que ya existan despidos en curso, sino que constituye una medida preventiva de acompañamiento técnico. A través de estas plataformas, el personal podrá requerir dictámenes sobre salarios pendientes, beneficios sociales acumulados y los procedimientos formales para formalizar denuncias por incumplimiento contractual.
El MTESS dispuso tres vías específicas de comunicación para canalizar las consultas:
- WhatsApp: 0993 308 100.
- Correo electrónico: [email protected].
- Atención presencial: Sede central de Asunción (Herrera esquina Paraguarí) y Direcciones Regionales de Trabajo en el interior del país.
El rol del Estado no puede limitarse a mitigar el daño en los balances o contener el impacto sobre los depósitos; la protección de la parte laboral es un imperativo ético y legal que demanda vigilar que el costo de la mala gestión financiera no sea trasladado al eslabón más vulnerable.
El contexto de la intervención del Banco Central
La medida del Ministerio de Trabajo surge como respuesta directa al procedimiento ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP), que intervino ueno bank tras verificar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal exigido. Esta degradación patrimonial activó el mecanismo de resolución, lo que implicó la suspensión inmediata de operaciones y el congelamiento preventivo de activos.
El plazo inicial fijado para el balance de la situación financiera de la entidad es de 15 días. Durante este lapso, los técnicos evaluarán la viabilidad de la institución o el destino de sus activos y pasivos. En ese escenario de suspensión operativa, surge la gran pregunta sobre cómo responderán los administradores y liquidadores frente a las planillas salariales de la entidad y de las firmas que integran su grupo económico.
Garantizar que las indemnizaciones y los haberes adeudados tengan prioridad absoluta dentro del proceso de resolución no es solo una obligación reglamentaria, sino la única garantía de institucionalidad. Resta observar si las medidas profilácticas de la autoridad laboral serán suficientes para mitigar el impacto social que suele acompañar a las intervenciones en el sector financiero.