El Ministerio Público sostiene que el exmandatario coordinó con autoridades del Banco Central acciones para evitar la intervención de la entidad y proteger intereses del Grupo Vázquez.
El Ministerio Público sumó la figura de asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña y procesó a exmiembros del Directorio del BCP. Las implicancias de un caso que sacude el sistema financiero y el control previsional.
El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La medida rige de inmediato en la red estatal y alcanza a cuatro tipos de carburantes. El Ejecutivo dispone además una reducción del 50% en el Impuesto Selectivo al Consumo con la promesa de sostener los precios hasta enero.
La Cámara Baja dio luz verde al proyecto presupuestario con ajustes en gastos superfluos del Ejecutivo. El texto pasa al Senado en un escenario marcado por la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al Palacio de López.
La intervención de la entidad bancaria paraliza los fondos recaudados en la colecta anual y donaciones internacionales. El sector exige una ley de salvataje mientras el Gobierno prioriza la cobertura del Fondo de Garantía.
El presidente del Senado respaldó la expulsión del expresidente de la ANR y defendió el avance de la Fiscalía, aunque marcó distancia respecto a un eventual juicio político al fiscal general.
La binacional aclara que su patrimonio institucional no está comprometido, pero admite que los recursos del sistema complementario de sus empleados quedaron atrapados en el proceso iniciado por el Banco Central del Paraguay.
El Ministerio Público intervino un local sin actividad comercial en el marco de las investigaciones por el caso ueno bank. Se incautaron archivos administrativos y un equipo de circuito cerrado.
El nuevo titular del BCP, Jorge Schreiner, abre la puerta a intervenir para frenar caídas abruptas del tipo de cambio. La medida busca responder a la presión de los sectores exportadores sin romper la lógica del libre mercado.
El Ministerio Público apela a Luxemburgo, la notificación plateada de Interpol y agencias de la UE para rastrear activos vinculados al esquema que administraba al menos 800 millones de dólares de fondos públicos.
