El gremio rechazó la propuesta oficial de G. 500.000 y exige un reajuste de G. 2 millones por vínculo. La medida de fuerza paralizará los laboratorios públicos en todo el país.
La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
El nuevo titular de Establecimientos Penitenciarios promete revisar los controles e investigar la complicidad interna. Las acciones del Ministerio de Justicia quedan sujetas a resultados cada 30, 60 y 90 días.
La detección de documentos irregulares y la vulneración de los sistemas informáticos obligan al Ministerio de Educación a tramitar expedientes a mano para frenar la corrupción interna.
La medida abarca a Itapúa, Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú. Busca agilizar el envío de recursos y la coordinación de la asistencia en zonas donde miles de familias perdieron sus casas o quedaron aisladas.
Un informe de la Contraloría General de la República revela que al menos 1.090 funcionarios públicos no poseen títulos de grado válidos. El fenómeno salpica a Educación, Salud y a las propias instituciones de control.
La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay denunció que los Gobiernos Departamentales acumulan un atraso superior a los tres meses, una mora que compromete la sostenibilidad financiera de los proveedores y la nutrición de los alumnos.
Las notas intimidatorias fueron encontradas en distintos sectores del campus. La Policía investiga si los autores son los mismos que amenazaron a la UNA.
La Cámara de Alimentación Escolar advirtió que la mora estatal ahoga financieramente a las empresas encargadas de la nutrición estudiantil y reclamó un calendario predecible de desembolsos.
