Se trata de Martha Viviana Peña Kieninger y Diego Javier Estigarribia Peña, quienes ejercían funciones en el Gabinete Civil con remuneraciones de 23 y 25 millones de guaraníes.
Los recientes escándalos en la Cámara Alta reabrieron el debate sobre los cupos parlamentarios. La falta de límites para contratar asesores perpetúa un modelo que confunde la confianza política con el privilegio estatal.
La Cámara Baja dio media sanción a la modificación del Código Penal que endurece los castigos para quienes colaboren en la evasión de reclusos, con un fuerte foco sobre los funcionarios públicos implicados.