Pese al impacto del caso Ueno Bank y la incertidumbre sobre el alcance del quebranto financiero, los resortes del poder económico heredados se mantienen inamovibles en el Gabinete.
El Ejecutivo ordenó a la DNIT congelar las sanciones tributarias y facilitar los trámites a los clientes que operaban con la entidad financiera, argumentando que los ciudadanos no deben pagar por fallas ajenas.
El Ejecutivo remitió al Congreso el pedido de acuerdo para el nombramiento del economista, en busca de contener la desconfianza desatada por el caso Ueno Bank y estabilizar la institucionalidad bancaria.
El procedimiento judicial se ejecuta mientras el expresidente cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, imputado por supuesta lesión de confianza.
Según la imputación fiscal, Carlos Carvallo ocultó informes de insolvencia, mintió al Senado y permitió promociones agresivas para captar depósitos hasta el día de la intervención del banco.
Las dos instituciones públicas buscan deslindar responsabilidades y recuperar sus activos ante la investigación abierta por el Ministerio Público tras la declaración de insolvencia del banco.
