Una comisión especial de investigación de la Cámara de Senadores iniciará este jueves el análisis de las deudas acumuladas por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El objetivo principal es revisar los procesos de compras públicas y determinar qué criterios se utilizaron para definir los pagos a los proveedores estatales durante los últimos cinco años.
El senador Dionisio Amarilla, quien preside este bloque parlamentario, adelantó que la primera reunión formal está fijada para este jueves a las 09:30. En este encuentro inicial se aprobarán las herramientas metodológicas para la recopilación de datos, concentrando la primera etapa del trabajo en la previsional.
Sospechas de favoritismo en los pagos
La investigación apunta a esclarecer si existió un trato preferencial hacia ciertas empresas en el desembolso de los recursos públicos. Los legisladores buscarán determinar si los pagos respondieron a criterios técnicos y objetivos o si, por el contrario, se benefició de manera selectiva a algunos proveedores.
En declaraciones a la emisora Universo 970 AM y el canal GEN, Amarilla detalló el alcance de las indagaciones:
“Queremos saber en los últimos cinco años cómo se originaron esas deudas, cuántas licitaciones se hicieron, de qué tipo de licitaciones estamos hablando, quiénes fueron los proveedores adjudicados, a qué valores, qué porcentaje de los contratos avanzaron, cómo se seleccionó a quién pagar, a quién no, entre otras cuestiones”.
El parlamentario aclaró que, si bien existen sospechas, la comisión evitará emitir conclusiones anticipadas hasta contar con los documentos oficiales que serán requeridos a las instituciones afectadas.
Lupa sobre salarios, compras y medicamentos
El plan de trabajo en el IPS no se limitará a las deudas comerciales. La comisión parlamentaria solicitará un informe detallado sobre las remuneraciones de los últimos seis años, abarcando tanto a los cargos directivos como al personal de blanco. Se auditarán funciones, beneficios adicionales, cargos específicos y los casos de funcionarios bajo régimen de comisionamiento.
Asimismo, se pondrá bajo la lupa el sistema de adquisición y la trazabilidad de los medicamentos distribuidos por el IPS y el Ministerio de Salud, buscando identificar en qué momentos se generaron los descalces financieros y qué destino tuvieron las facturas emitidas por las proveedoras.
Para complementar el análisis, los senadores revisarán los informes previos de la Contraloría General de la República y los planes de mejoramiento institucional que debieron aplicar ambas entidades tras las auditorías oficiales.
Plazos y convocatorias a otras entidades
Debido al volumen de información que pretenden procesar, la comisión prevé convocar de manera secuencial a representantes de la Superintendencia de Jubilaciones, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República.
La comisión especial dispone de un plazo inicial de 180 días para presentar sus conclusiones. Aunque las actividades parlamentarias tendrán una pausa por el receso legislativo de fin de año, se prevé la conformación de una subcomisión permanente para dar continuidad al análisis de los documentos que remitan las instituciones públicas.