La binacional Itaipu transfirió un total de US$ 345 millones al Estado paraguayo entre enero y septiembre de 2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del tratado. Estos recursos financieros se destinan a la cobertura del presupuesto público, las administraciones municipales y departamentales, y los planes de infraestructura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el mayor volumen de los fondos corresponde a los royalties, que sumaron US$ 198 millones en los primeros nueve meses del año. Por su parte, la compensación por cesión de energía al Brasil alcanzó US$ 100 millones, mientras que los pagos en concepto de resarcimiento de cargas de administración y utilidades para la ANDE totalizaron US$ 47 millones.
El comportamiento de los desembolsos en septiembre
Durante el mes de septiembre, las transferencias de la binacional ascendieron a unos US$ 35 millones, cifra que representa aproximadamente el 10% de todo lo recibido por Paraguay en lo que va del año. En el desglose de ese mes, se destinaron US$ 22 millones a royalties, US$ 11 millones por la cesión de energía y US$ 1,7 millones al resarcimiento de la estatal eléctrica.
Destino de los fondos: del almuerzo escolar a la red eléctrica
La distribución de estos recursos está regulada por ley y se canaliza a través de diferentes vías del sector público. Una parte de los royalties ingresa directamente al Tesoro para financiar gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encarga de transferir la porción correspondiente a las gobernaciones y municipios de todo el país.
En cuanto a los fondos obtenidos por la cesión de energía, la normativa vigente establece que se dirijan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), además de complementar las transferencias a los gobiernos locales para el financiamiento de diversos servicios públicos y programas sociales.
Finalmente, los recursos que recibe la ANDE bajo el concepto de resarcimientos son administrados directamente por la firma estatal. Según el informe, estos montos permiten dar sostenibilidad a los proyectos de inversión en infraestructura, con el objetivo de reforzar el sistema de distribución de energía eléctrica a nivel nacional.