Las tormentas de granizo que golpearon recientemente al departamento de Caaguazú volvieron a dejar al desnudo el eslabón más débil de la economía rural paraguaya. Los números iniciales del impacto describen un escenario devastador para la agricultura familiar: más de 170 hectáreas de cultivos hortícolas destruidas y 676 casetas de producción colapsadas, lo que afecta de manera directa a casi 700 familias productoras. La pérdida no se limita a la cosecha del día; implica la liquidación de la infraestructura básica que permite sostener el ingreso diario de la pequeña finca. ¿Hasta qué punto el Estado paraguayo tiene capacidad real para contener los shocks climáticos sobre quienes producen lo que comemos?
La respuesta institucional inmediata llegó este lunes 12 de octubre, cuando el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, compareció ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional. Allí, el titular del MAG confirmó la entrega de insumos —incluidos fertilizantes— y el inicio de conversaciones con entidades crediticias estatales para refinanciar o postergar las deudas de los productores golpeados. Sin embargo, la institución no precisó hasta el momento el costo total estimado de la reconstrucción ni el monto global de las pérdidas económicas, un dato clave para dimensionar el rescate que realmente se necesita.
Tomate: la paradoja de la sobreoferta y el cuello de botella comercial
El impacto del clima generó además un fenómeno distorsivo en el mercado: la sobreoferta coyuntural de tomate. Según explicó Giménez, la destrucción de las casetas y la aceleración de las cosechas forzadas por la granizada alteraron el calendario de producción, volcando un volumen masivo de producto al mercado interno en un período acotado. Cuando la oferta se dispara sin planificación, el precio al productor se desploma, dejando a las familias en la doble encerrona de perder infraestructura y vender lo rescatado a valores que ni siquiera cubren los costos operacionales.
Para intentar descomprimir esta saturación, el MAG anunció la reactivación de las ruedas de negocios con cadenas de supermercados, buscando conectar sin intermediarios a las organizaciones campesinas con las grandes superficies comerciales. Asimismo, el Poder Ejecutivo busca acelerar las gestiones para exportar tomate a Brasil. Aunque un envío previsto para este lunes quedó en suspenso, la cartera agropecuaria confía en concretar la operación en el transcurso de la semana. No obstante, depender de la coyuntura y del auxilio de emergencia revela la ausencia de una política estructural de comercialización y almacenamiento para la horticultura nacional.
Un presupuesto en retirada: 42% menos de recursos en cinco años
El aspecto más revelador de la presentación del ministro ante el Congreso pasó por la radiografía financiera de la propia cartera. Carlos Giménez advirtió a los legisladores que el presupuesto del MAG sufrió una reducción acumulada del 42% en los últimos cinco años. Paradójicamente, en el mismo período la cobertura de asistencia técnica declarada por la institución pasó de 32.000 a 34.000 personas.
Esta brecha entre más beneficiarios y menos fondos plantea una inconsistencia contable e institucional insostenible. Atender a más productores con casi la mitad de los recursos implica, inevitablemente, diluir la calidad del apoyo. El propio ministro reconoció que los recortes y el fin de programas financiados con cooperación internacional limitarán de forma severa la capacidad operativa del Estado, reduciendo su margen de acción en capacitaciones, transferencia tecnológica y apoyo logístico para las ventas.
El costo de la improvisación frente al clima
La fragilidad de la producción hortícola cobra mayor gravedad ante las advertencias sobre el fenómeno de El Niño. Si bien el ministerio informó sobre reuniones informativas y campañas de prevención con municipios y gobernaciones, la realidad es que la prevención en el campo requiere capital e infraestructura rígida, no solo discursos preventivos. Las zonas bajas y los cultivos bajo invernadero exigen tecnología resiliente que el pequeño productor no puede financiar por su cuenta.
Resulta contradictorio exigir soberanía alimentaria y precios estables en las mesas de las familias urbanas cuando el organismo encargado de apoyar al campo funciona con recursos en permanente retroceso. La asistencia de emergencia y el reparto de fertilizantes apagan el incendio del mes, pero no resuelven la pregunta de fondo: ¿seguirá el Estado administrando la escasez del sector productivo más vulnerable o diseñará finalmente un seguro agrícola universal y una política de crédito adecuada para la pequeña finca?