La Contraloría General de la República puso bajo la lupa de la Cámara de Senadores el manejo administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) al remitir los resultados de 22 auditorías institucionales. De ese total, 18 informes arrojaron indicios de hechos punibles que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El contralor general, Camilo Benítez, compareció este viernes ante la Comisión Especial de Investigación para exponer los hallazgos que reavivan el debate sobre la gestión de los recursos de la previsional y la impunidad en la administración pública.
El cruce de datos y los controles financieros expusieron patrones recurrentes de irregularidades en el uso del dinero de los aportantes. El hecho obliga a plantear una pregunta de fondo: ¿se trata de fallas operativas sistémicas o de un esquema estructurado de desvío de fondos en la institución que administra la salud y las jubilaciones de los trabajadores paraguayos?
Investigaciones penales y sobrefacturación en insumos
Tras la reunión legislativa, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la comisión especial, confirmó que ocho de las denuncias enviadas a la Fiscalía ya cuentan con causas penales abiertas. Los reportes del órgano de control detallan anomalías graves, entre las que destaca el pago continuo de jubilaciones y pensiones a personas fallecidas, una fuga de recursos que evidencia la falta de controles cruzados básicos en los registros de beneficiarios.
El informe de auditoría también sacó a la luz diferencias sustanciales en los costos de adquisición de insumos y medicamentos. Un caso puntual es la compra de fundas a precios que superan ampliamente los valores abonados por el Ministerio de Salud Pública. A esto se suma la adquisición de medicamentos monoclonales —utilizados en tratamientos de alto costo para enfermedades complejas y de extrema gravedad— con montos que estarían considerablemente por encima de las cotizaciones de mercado.
Siguiente etapa del examen legislativo
Frente al volumen de los recursos comprometidos, la comisión parlamentaria resolvió declarar un cuarto intermedio y continuar con las indagaciones la próxima semana. Para esa instancia, la Contraloría deberá remitir documentación complementaria que permita evaluar el alcance técnico y financiero de cada auditoría en particular.
“Los legisladores necesitan conocer en detalle el alcance de las observaciones y dimensionar la gravedad de los hallazgos”, sostuvo el senador Amarilla al fundamentar la pausa en las deliberaciones.
El tratamiento de estos 18 expedientes penales pondrá a prueba no solo la capacidad de fiscalización del Congreso, sino la celeridad de la Fiscalía para determinar responsabilidades individuales. Mientras la previsional arrastra deficiencias históricas en la atención a sus asegurados y en la provisión de fármacos esenciales, los datos presentados confirman que el presupuesto institucional sigue severamente expuesto a compras sobrefacturadas y pagos irregulares.