La Contraloría General de la República puso bajo la lupa los bienes de los gobernadores encargados de administrar los recursos de Hambre Cero. La medida busca determinar si existe una correlación lógica entre el patrimonio declarado por los jefes departamentales y sus ingresos reales, en medio de un programa que maneja millonarios fondos públicos y cuya ejecución ya generó los primeros cuestionamientos políticos y ciudadanos. La pregunta de fondo es inevitable: ¿alcanzan los mecanismos de control vigentes para blindar los recursos del almuerzo escolar frente a la tentación de la vieja política?
Según confirmó el contralor general, Camilo Benítez, las verificaciones patrimoniales se ordenaron oficialmente el pasado 6 de marzo y avanzan de manera gradual. Los equipos técnicos de la institución analizan actualmente las declaraciones juradas para cruzar datos financieros y patrimoniales. Esta intervención responde directamente a las denuncias y dudas surgidas en los últimos meses sobre el manejo de los contratos en diversas gobernaciones, un terreno donde históricamente la descentralización de fondos ha mostrado sus grietas más profundas.
El equilibrio entre el impacto social y la integridad de los fondos
Pese a las sospechas que motivaron los controles, el titular del órgano de control matizó la lectura sobre el programa. Benítez sostuvo que la iniciativa mantiene un impacto social relevante, en la medida en que garantiza alimentación a miles de estudiantes en todo el país y actúa como un factor que facilita la permanencia escolar en el inicio del ciclo lectivo. La postura de la Contraloría expone así la doble vara de este proceso: reconocer la necesidad social de la política pública sin por ello relajar la fiscalización sobre quienes la ejecutan.
El contralor aseguró además que los mecanismos institucionales están plenamente operativos para supervisar la logística en campo. Esto incluye tanto la entrega efectiva de los alimentos en las instituciones educativas como el cumplimiento estricto de las condiciones pactadas en los contratos con las empresas proveedoras. El objetivo trazado por la entidad es garantizar que cada guaraní asignado cumpla con el destino final previsto por la ley.
Lupas sobre la infraestructura: la sustentabilidad del sistema
Más allá del examen patrimonial a los administradores de turno, la Contraloría anunció la apertura de un segundo frente de fiscalización. Este nuevo control se enfocará en las inversiones realizadas durante los últimos dos años para la construcción y adecuación de cocinas y comedores en los establecimientos escolares. La revisión abarcará las obras ejecutadas tanto por las gobernaciones como por las municipalidades.
Esta auditoría de infraestructura buscará transparentar los montos exactos invertidos por cada nivel de gobierno y evaluar si la capacidad instalada en las escuelas resulta técnica y materialmente suficiente para sostener el servicio de alimentación escolar en el largo plazo. El examen a las construcciones no es un dato menor: la experiencia demuestra que las obras físicas en los municipios y departamentos suelen ser la principal brecha por donde se diluyen los presupuestos públicos sin que el servicio final mejore en la misma proporción. Queda por ver si el control oficioso llegará a tiempo para corregir el rumbo o si solo servirá para certificar fallas cuando los recursos ya hayan sido ejecutados.