En el complejo tablero de las crisis financieras, la urgencia de los más vulnerables suele transformarse en el escudo perfecto para tomar decisiones de fondo sin el debido debate. Ante el proceso de resolución de ueno bank, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) fijó una postura firme: el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) debe preservar su finalidad originaria y no convertirse en una caja de auxilio discrecional para absorber el 100% de los fondos públicos depositados en la entidad, incluidos los recursos previsionales.
El pronunciamiento del gremio empresarial pone sobre la mesa una discusión técnica con implicancias directas para la estabilidad del sistema y el bolsillo de los contribuyentes. La propuesta legislativa en debate busca ampliar de forma excepcional la cobertura del FGD para salvar la totalidad de los recursos estatales colocados en la entidad en liquidación. Sin embargo, desde el sector comercial advierten que responder a la angustia de las personas que buscan recuperar su dinero no implica firmar un cheque en blanco para el Estado.
Priorizar al pequeño ahorrista sin distorsionar las reglas
Para la CNCSP, la hoja de ruta debe separar con claridad dos contingencias distintas. La prioridad inmediata, según el gremio, radica en garantizar que los pequeños depositantes recuperen sus fondos con celeridad, acompañados de información transparente sobre los plazos y mecanismos de devolución. Utilizar la angustia de este sector para aprobar, a la par y con el mismo trámite acelerado, un blindaje extraordinario a los depósitos institucionales del Estado representa un atajo riesgoso.
“La urgencia de los pequeños ahorristas no debe utilizarse para aprobar bajo el mismo tratamiento una cobertura total y excepcional para los depósitos de instituciones públicas”, advirtió la organización empresarial.
La preocupación por el capital depositado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas jubilatorias forma parte del reclamo, pero la CNCSP sostiene que las instituciones estatales requieren un abordaje jurídico y financiero diferente al del ciudadano de a pie. La restitución de los recursos previsionales, apuntan, debe derivar de una evaluación exhaustiva de los activos y pasivos del banco, el respeto estricto al orden de prelación legal y la determinación de las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.
Liquidación de activos y el riesgo del riesgo moral
El reclamo empresarial apunta también a la gestión del balance de corte de ueno bank. El sector comercio exige que los activos remanentes identificados en la entidad sean liquidados con celeridad para resarcir al Fondo de Garantía por cualquier desembolso que este deba ejecutar. La transparencia en la rendición de cuentas, señalan, es la única garantía para evitar que el saneamiento bancario termine cargándose a la cuenta de la sociedad.
Existe además una advertencia de fondo respecto al impacto institucional de este tipo de leyes excepcionales. Salvar depósitos públicos mediante mecanismos extraordinarios sin antes agotar la liquidación de activos ni esclarecer los fallos de supervisión o gestión genera un antecedente peligroso. El riesgo moral radica en convalidar decisiones de inversión imprudentes por parte de administradores públicos bajo la certeza de que, ante un eventual colapso, el legislador extenderá una red de protección financiada con recursos del sistema.
“La preocupación social generada por la crisis no debe servir de contexto para aprobar apresuradamente medidas que puedan trasladar las consecuencias al Fondo de Garantía, convalidar decisiones anteriores o diluir las responsabilidades de quienes deban responder por lo ocurrido”, remarcó la Cámara en su comunicado.
Prudencia legislativa en un momento crítico
El llamado del gremio hacia el Congreso Nacional y las autoridades regulatorias apela a la prudencia técnica sobre el entusiasmo político. Proteger la solidez del sistema financiero paraguayo exige que las reglas de juego pactadas para momentos de tranquilidad se mantengan vigentes cuando la tormenta aprieta. Si las excepciones se convierten en norma cada vez que una entidad entra en resolución, la previsibilidad del mercado sufre un impacto difícil de reparar.
Atender al pequeño ahorrista de forma urgente es una obligación social indiscutible; extender esa misma urgencia para saltear procesos y licuar responsabilidades en el manejo de fondos estatales es un camino sin balance claro. La Cámara de Comercio deja planteada una cuestión de fondo que el Parlamento deberá responder: ¿se actuará con el rigor que exige la ley o se utilizará la crisis como salvoconducto de gestiones fallidas?