La postura de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) frente a la crisis de ueno bank marca una hoja de ruta clara para las autoridades: la prioridad absoluta debe ser el eslabón más débil del sistema y la actividad económica real. El pronunciamiento empresarial no solo exige proteger a los pequeños ahorristas y sostener la cadena de pagos, sino que plantea la discusión de fondo que el sector financiero ya no puede esquivar: cómo sanear la entidad afectada sin generar impunidad ni comprometer la estabilidad del mercado.
Desde la perspectiva de la patronal, la estabilidad del sistema financiero paraguayo es un activo estratégico, pero defenderla no equivale a tender un manto de duda o silencio sobre lo ocurrido. El gremio remarcó que las instituciones competentes —con el Banco Central del Paraguay (BCP) al frente— deben actuar con independencia, rigor técnico, transparencia y rapidez, garantizando el debido proceso pero asegurando que la legislación se aplique sin privilegios para ningún sector.
Las dos prioridades: ahorristas y cadena de pagos
El primer eje de intervención señalado por la federación exige la devolución ordenada, rápida y transparente de los fondos pertenecientes a los pequeños depositantes. Para ello, apela a utilizar los mecanismos previstos en la legislación vigente para reducir la incertidumbre y mitigar los daños directos sobre los ciudadanos que confiaron sus recursos al sistema formal.
En segundo término, la preocupación se traslada a la economía real. Cortar la cadena de pagos de una entidad bancaria implica congelar operaciones de empresas, contratistas, proveedores y trabajadores. Para mitigar ese impacto, Feprinco propone apelar a herramientas regulatorias y operativas, incluyendo la transferencia de activos y pasivos hacia entidades financieras solventes, siempre que dicha salida resulte técnica y jurídicamente viable.
Fondos previsionales y la advertencia sobre la impunidad
Uno de los puntos donde la cúpula empresarial pone un llamado de atención explícito es la eventual utilización del Fondo de Garantía de Depósitos del BCP para restituir los recursos jubilatorios colocados en la entidad por el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas de jubilaciones del sector público. Sobre este aspecto, el gremio calificó de prematuro impulsar leyes o sacar conclusiones sin un informe oficial y un dictamen técnico debidamente sustentado por la banca matriz.
Al mismo tiempo, la organización fue tajante sobre el deslinde de responsabilidades. La cautela en el manejo macroeconómico no puede derivar en un mecanismo de dilución de culpas. Quienes hayan contribuido a la crisis por acción, omisión, negligencia o complicidad deberán responder ante el sistema judicial, pertenezcan al ámbito público o al sector privado.
Lecciones no escuchadas y confianza en el sistema
El comunicado deja entrever además cierto malestar sectorial: Feprinco recordó que las alertas y preocupaciones manifestadas previamente por el sector privado sobre esta situación no fueron atendidas con la oportunidad que el caso requería. De allí surge la necesidad de extraer lecciones para fortalecer los mecanismos de supervisión y alerta temprana del regulador.
Finalmente, el gremio abogó por no desacreditar al conjunto del sistema financiero nacional a raíz de las posibles irregularidades de una entidad en particular. La investigación y el castigo de los hechos comprobados son, según la entidad, el único camino para sostener la credibilidad institucional. Como sintetizó la propia organización empresarial al cierre de su comunicado:
«Investigar no debilita las instituciones. Lo que las debilita es la impunidad, la interferencia o la falta de transparencia».