La crisis financiera provocada por la coyuntura en ueno bank traspasó el ámbito bancario para instalarse de lleno en el terreno político y exponer, una vez más, las fracturas internas del partido de Gobierno. La bancada de la disidencia colorada confirmó que acompañará el pedido de juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Santiago Peña. Sin embargo, el bloque trazó una línea táctica precisa al desligar de la iniciativa al vicepresidente Pedro Alliana, un movimiento que reacomoda las fichas en la Cámara de Diputados y traslada la presión hacia la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP).
El pronunciamiento formaliza una postura que venía incubándose en el internismo republicano. El diputado Daniel Centurión confirmó que la decisión fue adoptada por mayoría dentro de la bancada disidente y que cinco legisladores del movimiento Colorado Añetete plasmarán su firma en el libelo acusatorio contra el jefe de Estado. La medida revela que el costo político del episodio bancario ya no solo lo paga el entorno técnico del Poder Ejecutivo, sino la propia figura presidencial.
El argumento político y la delimitación de responsabilidades
El argumento de la disidencia combina la crítica a la gestión económica con el distanciamiento institucional. Según explicó Centurión, la bancada sostiene una postura de advertencia previa sobre lo que califican como un manejo irresponsable del sistema financiero. Para el sector disidente, la responsabilidad del presidente es de carácter político, en su condición de jefe de la administración central y articulador de la política económica del país.
“Tenemos una posición clara que hemos tenido desde hace mucho tiempo, que venimos advirtiendo sobre el manejo del sistema financiero, el manejo irresponsable”, manifestó el legislador.
No obstante, la diferenciación respecto a la figura del vicepresidente no es un detalle menor. Al blindar a Pedro Alliana, Colorado Añetete envía un mensaje claro al tablero político: el cuestionamiento se focaliza en la conducción económica directiva de Peña y no en la línea de sucesión inmediata de la Presidencia.
“Nosotros consideramos que el responsable político es el presidente de la República, no así el vicepresidente de la República”, afirmó Centurión.
Foco en el BCP y en la Fiscalía
Más allá de la acusación constitucional contra Peña, la postura del bloque disidente busca derivar las responsabilidades jurídicas directas hacia los órganos de control y regulación. Centurión apuntó explícitamente a los integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay, a quienes atribuyó la responsabilidad primaria en la fiscalización de las entidades financieras.
En ese sentido, el legislador cuestionó que las dimisiones dentro de la banca matriz pretending cerrar el capítulo de las omisiones de control. Reclamó que el Ministerio Público intervenga para determinar las responsabilidades penales o administrativas de los fiscalizadores, argumentando que la salida de un cargo no exime de la investigación sobre la conducta funcionaria.
La postura expone una tensión de fondo: mientras la oposición busca una salida institucional amplia, la disidencia colorada intenta encauzar el conflicto penalizando a los organismos de supervisión técnica y concentrando el castigo político únicamente en el titular del Ejecutivo.
El impacto social y la interna oficialista
El trasfondo de esta maniobra política tiene su correlato en la economía cotidiana. Los perjuicios derivados de la situación de ueno bank golpean de forma directa a pequeños ahorristas, trabajadores y emprendedores cuyo margen de maniobra financiero es limitado. La pérdida o congelamiento de fondos de uso diario altera la cadena de pagos minorista y traslada la urgencia social al ámbito legislativo.
Centurión sostuvo que la prioridad inmediata del Congreso debe ser la aprobación de proyectos que busquen mitigar las pérdidas de los ahorristas afectados. Sin embargo, la discusión legislativa no estará exenta de especulación política. El propio diputado reconoció que dentro del oficialismo existen posiciones divididas y que no se descarta que otros legisladores de la bancada gubernamental terminen evaluando la viabilidad de la acusación.
El escenario deja planteada una interrogante de fondo para la estabilidad del Gobierno: si la disidencia colorada consolida su alianza coyuntural con la oposición en la Cámara Baja, el margen de gobernabilidad de Santiago Peña dependerá de su capacidad para contener las fugas en su propio movimiento y responder a las exigencias de transparencia sobre el sistema bancario.