Con la presentación formal de un libelo acusatorio respaldado por 35 firmas de legisladores de la oposición, sectores del tercer espacio y la disidencia colorada, la Cámara de Diputados abrió oficialmente este miércoles el trámite para el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana. El planteamiento se institucionaliza en el punto más crítico de una tormenta política y económica desencadenada por el escándalo del Ueno Bank, un hito que no solo pone a prueba la solidez del bloque oficialista en el Congreso, sino que expone la fragilidad de las garantías institucionales ante el manejo del sistema financiero.
La iniciativa legislativa no es un hecho aislado en el tablero político. Como informó este medio Presentan pedido de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana en Diputados, el descontento venía acumulando volumen en los pasillos parlamentarios hasta decantar en este documento. La cuestión de fondo trasciende la mera suma de bancadas opositoras: el debate real radica en determinar si las instituciones de control del Estado operaron como salvaguarda del ahorro público o si, por el contrario, terminaron subordinadas a intereses corporativos y políticos de turno.
Los cinco ejes contra la figura del presidente
El libelo acusatorio estructurado contra el jefe de Estado articula cinco causas principales. En primer lugar, se sostiene la existencia de un eventual conflicto de intereses derivado de su participación en Ueno Holding. A esto se suma la acusación de presunta manipulación regulatoria para direccionar recursos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) hacia la citada entidad bancaria, además de un supuesto sobrepaso de los límites crediticios que habría sido encubierto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El documento también enfatiza un presunto incremento patrimonial superior al 1.600 % registrado entre los años 2017 y 2023, situando el quinto eje en el daño sistémico ocasionado a la credibilidad del sector financiero nacional. Durante la presentación del escrito, la diputada por Patria Querida, Rocío Vallejo, graficó el impacto de la coyuntura en el bolsillo de la gente asegurando que
«hoy 3 millones de personas están sufriendo por haber perdido sus ahorros en Ueno Bank. La mitad de la población está angustiada, está llorando. No tienen ni para comer gracias a Santiago Peña»
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El engranaje político y la estrategia en el Congreso
Desde la perspectiva de los promotores del juicio, el problema financiero no puede desligarse del contrapeso parlamentario. El diputado Raúl Benítez señaló que dos de cada tres paraguayos se han visto afectados directa o indirectamente por esta crisis, al tiempo que instó al oficialismo a revisar su postura. La estrategia de la oposición contempla dividir el juzgamiento en dos etapas independientes: una primera sesión extraordinaria destinada exclusivamente a evaluar la conducta de Santiago Peña y, sujeto a los resultados y al quórum de dicha convocatoria, un segundo llamado para analizar la responsabilidad del vicepresidente.
En lo que respecta a Pedro Alliana, la acusación se fundamenta en un supuesto blindaje legislativo operado desde la Cámara Baja para obstruir pedidos de informes e investigaciones sobre la entidad bancaria. Asimismo, se le cuestiona el haber impulsado la flexibilización de la Ley N° 7236/2024 sobre conflicto de intereses, haber avalado la transferencia de fondos del IPS y haber emitido declaraciones públicas admitiendo la necesidad de «arreglar la casa», lo que a criterio de los acusadores constituye una admisión implícita de las faltas cometidas.
El anuncio del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sobre la liberación de votos en la bancada gubernamental añade un factor de incertidumbre en el cómputo final. Resta que la mesa directiva confirme la fecha y hora exactas para la sesión extraordinaria. Más allá del desenlace aritmético en el recinto, el juzgamiento político instala un precedente riguroso: la exigencia ineludible de un deslinde claro entre los negocios privados y la administración de la cosa pública.