La crisis política que rodea al Poder Ejecutivo alcanzó este punto de inflexión: el presidente del Congreso de la Nación, Basilio Núñez, exigió públicamente la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, o, en su defecto, el acompañamiento de un juicio político para destituirlo del cargo. El pronunciamiento institucional debilita de forma severa el margen de maniobra de un mandatario que enfrenta un escenario de aislamiento político casi total.
El argumento financiero y la quiebra del respaldo oficialista
El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido por Basilio Núñez en su cuenta de la red social X. En el documento, la máxima autoridad del Legislativo vinculó la postura del Congreso a la necesidad de resguardar el sistema financiero y la estabilidad institucional del país.
“Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”.
El pronunciamiento de Núñez no representa una voz aislada dentro de la estructura de poder. La postura del titular del Legislativo se suma a la línea adoptada por el propio presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, y por un sector de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, quienes ya manifestaron su respaldo al inicio del juzgamiento político al jefe de Estado.
El procedimiento constitucional y los escenarios inmediatos
La pérdida de respaldo en las bancadas claves deja a Santiago Peña ante un escenario límite. Dentro del ámbito político cobran fuerza las versiones sobre una posible renuncia antes de que el proceso sea llevado formalmente al pleno de la Cámara Baja.
En el plano procesal, la Cámara de Diputados tiene previsto votar únicamente la aprobación del inicio del proceso de juicio político, actuando como acusadora. De prosperar la votación en la Cámara Baja, el expediente pasará formalmente a la Cámara de Senadores, que constituirá el tribunal juzgador conforme a los plazos y procedimientos previstos en la Constitución Nacional.
La postura asumida por las autoridades del Congreso y del partido de gobierno reconfigura el mapa de poder en el país. El desenlace de las próximas horas determinará si la transición se da por la vía de la dimisión voluntaria o mediante el mecanismo de remoción constitucional por la vía del juzgamiento parlamentario.