El presidente Santiago Peña no presentará su dimisión y se someterá al proceso de juicio político en el Congreso Nacional. La decisión fue transmitida de manera directa por el propio jefe de Estado al diputado colorado Hugo Meza, en una jornada donde la crisis política e institucional alcanzó un punto de quiebre definitivo. El anuncio se dio a la par que la Bancada B de la ANR, integrada por nueve legisladores, formalizó que sumará sus votos al pedido de destitución impulsado en la Cámara de Diputados, dejando al mandatario sin el blindaje oficialista necesario para sostenerse en el cargo.
La conversación entre el titular del Ejecutivo y los parlamentarios oficialistas expone no solo el aislamiento del presidente, sino la velocidad con la que la estructura partidaria resolvió el esquema de sucesión. Según detalló Meza, la comunicación telefónica se produjo minutos antes de hacer pública la postura del bloque colorado, en una comunicación donde también participó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.
“Él en principio dijo que no presentaría su renuncia y que se sometería al juicio político. Eso es lo que me dijo hace media hora a mí y a Raúl Latorre, y nosotros le dijimos que íbamos a comunicar esto porque como bancada vamos a sumar los votos oficialmente”.
La figura de Pedro Alliana y el ajedrez por la sucesión presidencial
El distanciamiento del bloque parlamentario respecto al presidente contrasta con el respaldo explícito otorgado al vicepresidente Pedro Alliana. Desde la Bancada B de la ANR se apresuraron a dejar sentado que el eventual ascenso de Alliana a la titularidad del Poder Ejecutivo no responde a una maniobra interna de desestabilización ni a un esquema de conspiración, sino a una salida institucional frente a la pérdida de gobernabilidad del mandatario saliente.
El propio diputado Meza confirmó que mantuvo contacto directo con el segundo del Ejecutivo para coordinar la transición en la conducción nacional, subrayando el rol que le tocará asumir en caso de que la Cámara de Senadores ratifique la destitución de Peña.
“Hemos conversado con el hoy vicepresidente Pedro Alliana sobre esta decisión. Hay que aclarar que en todo momento él buscó la posibilidad y estuvo cerca del presidente; él no buscó estos espacios, no conspiró. Simplemente hoy la historia le pone en este lugar y, por el Paraguay y el partido, vamos a acompañar para que asuma en un momento difícil donde nuestro pueblo necesita recobrar la confianza y la credibilidad”.
Esta distinción entre las figuras de la fórmula presidencial refleja un cálculo político claro dentro de la ANR: circunscribir la responsabilidad política en la figura de Peña y preservar la legitimidad del vicepresidente para garantizar la continuidad del partido al frente de la administración del Estado. La interrogante que queda abierta es en qué medida este cambio de nombres logrará restituir la estabilidad económica y la confianza ciudadana en un momento de marcada fragilidad institucional.
La crisis de ueno bank y la exigencia de responsabilidades en el Banco Central
El detonante de la fractura política no se limita a un reordenamiento de fuerzas en la Cámara de Diputados, sino que halla sus causas profundas en el plano económico y en las fallas de supervisión del sistema financiero. En sus declaraciones, Meza apuntó de manera directa a la falta de controles por parte de las entidades reguladoras en torno a la crisis desatada con ueno bank, catalogando la situación de la conducción política actual como insostenible.
Para el legislador, la responsabilidad del deterioro no recae en la falta de herramientas legislativas —otorgadas oportunamente por el Congreso—, sino en la omisión y la deficiente gestión de los organismos encargados de velar por la transparencia y el rigor del sistema de fondos y depósitos.
“No quiero hacer juicio de valores ni árbol de leña caída. La historia lo va a juzgar, pero sí queremos ver a los directivos del Banco Central no solamente irse a su casa, sino que también sean procesados y juzgados para saber cuál fue el papel que tuvieron en este descalabro porque tiene que haber un responsable político”.
El reclamo de juicio político a Peña, combinado con la exigencia de investigaciones penales y administrativas a las autoridades del Banco Central del Paraguay, configura un escenario donde la responsabilidad institucional no se agotará con la votación en el Parlamento. La resolución de este proceso marcará no solo el futuro del Poder Ejecutivo, sino el margen de credibilidad con el que la clase política y los organismos de control responderán ante los compromisos asumidos con la ciudadanía.