La crisis política abierta en el núcleo del poder gubernamental alcanzó su punto de quiebre. El senador Antonio Barrios, una de las espadas políticas más cercanas a la conducción de Honor Colorado, confirmó públicamente que sugirió de manera directa al presidente Santiago Peña que presente su renuncia al cargo. La maniobra busca evitar la tramitación de un juicio político cuyo desenlace, según admiten en el propio oficialismo, está virtualmente juzgado en el Congreso Nacional.
El detonante institucional se aceleró luego de que el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, expresara su aval explícito al proceso de destitución presidencial. La postura del jefe de partido se da en medio de las fuertes presiones por los recientes escándalos en el sistema financiero y la desprotección de los fondos de jubilados y ahorristas, un frente donde la conducción política decidió cortar el hilo por el eslabón más alto de la administración pública.
El cálculo del costo político y la inviabilidad de la defensa
La posición expresada por la bancada de Honor Colorado expone una matemática parlamentaria irreversible. La pérdida de respaldo del movimiento que sostuvo la candidatura presidencial de Peña deja al mandatario sin el blindaje mínimo necesario para enfrentar al Legislativo. Desde la perspectiva del cartismo, forzar el trámite constitucional solo extendería una agonía institucional con costo directo para el partido de Gobierno.
“Yo ruego que renuncie. Someternos a un juicio político va a ser bastante desagradable y las posibilidades de que él tenga éxito son prácticamente nulas”, manifestó Barrios en entrevista con canal GEN-Nación Media.
Según detalló el legislador, la comunicación con el jefe de Estado ya se produjo y la recomendación de dar un paso al costado formalmente planteada. Para el oficialismo, la salida negociada representa la vía más ordenada para contener el impacto mediático y social derivado de la crisis financiera, buscando desligar la figura de la nucleación política de las fallas de control e intervención estatal.
Responsabilidades administrativas y la sucesión institucional
El argumento central del cartismo para retirar el apoyo político radica en la necesidad de responder a la indignación pública por la vulnerabilidad de los recursos previsionales. En ese sentido, las críticas oficialistas no solo apuntaron a la cabeza del Poder Ejecutivo, sino también a los órganos técnicos de regulación económica que debieron actuar como barrera de contención.
Barrios cuestionó con dureza la continuidad de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Superintendencia de Bancos, a quienes atribuye una omisión inexcusable al no alertar oportunamente sobre la situación de los fondos comprometidos. Esta línea argumental busca delimitar la responsabilidad en el equipo económico designado por el mandatario.
En cuanto a la línea de sucesión, la estrategia partidaria apunta a una transición inmediata sin vacíos de poder. La cúpula de la ANR descartó cualquier complicidad por omisión del vicepresidente Pedro Alliana en la gestión de la crisis patrimonial, sosteniendo que las atribuciones ejecutivas y administrativas recaían en forma exclusiva en la Presidencia y sus ministerios.
“¿Cómo va a tener vinculación por omisión? No, nada que ver, él no tiene nada que ver con una parte administrativa. Esa es la posición”, afirmó el legislador sobre la figura de Alliana.
El escenario planteado abre un interrogante severo sobre la gobernabilidad inmediata. La confirmación de reuniones de alto nivel en la Junta de Gobierno entre Cartes, Alliana y la bancada parlamentaria indica que el relevo en el Palacio de López dejó de ser una especulación de la oposición para convertirse en una hoja de ruta en pleno desarrollo dentro del propio partido de Gobierno.