El colapso de Ueno Bank dejó al descubierto una estructura financiera que el economista Daniel Correa describió sin rodeos como un “cascarón” sin respaldo real. El caso no solo expone la fragilidad de una entidad que creció a ritmo acelerado en el mercado local, sino que salpica de lleno a la arquitectura institucional del país: las denuncias apuntan a operaciones vinculadas por cerca de USD 600 millones, una marcada inacción del Banco Central del Paraguay (BCP) y una peligrosa cercanía entre la gestión privada, los recursos públicos y la Presidencia de la República.
El fenómeno plantea una interrogante fundamental para el sistema económico nacional: ¿cómo logró una entidad financiera acumular semejante nivel de exposición sin que los mecanismos de alerta temprana del ente regulador se activaran a tiempo? Cuando un actor de este volumen entra en barrena, el impacto trasciende el balance corporativo y se traslada de forma directa a la confianza del ahorrista, el acceso al crédito y la estabilidad del mercado.
Créditos vinculados y la sombra sobre el regulador
El núcleo de la advertencia planteada por Correa radica en la concentración de riesgo mediante créditos vinculados. Según el análisis del economista, la entidad montó un entramado de préstamos dirigidos a firmas o sectores relacionados con el propio grupo, alcanzando una cifra cercana a los USD 600 millones. Esta práctica, cuando carece de colaterales sólidos y de una evaluación de riesgo independiente, convierte al balance bancario en una ficción contable.
Ueno Bank levantó un gigante financiero sobre una estructura que Daniel Correa calificó como un “cascarón” sin respaldo real.
Frente a este escenario, la mirada se dirige inevitablemente hacia la Superintendencia de Bancos y el directorio del BCP. La función primordial de la autoridad monetaria es la supervisión prudencial para evitar, precisamente, que el dinero de los depositantes financie aventuras corporativas o esquemas autorreferenciales. El silencio o la lentitud en la respuesta oficial ante alertas de esta magnitud minan la credibilidad del sistema financiero en su conjunto.
Fondos públicos y costo político
El problema adquiere una dimensión aún más grave al evaluar la captura de recursos del Estado. La colocación de fondos de instituciones públicas en entidades de riesgo elevado expone el patrimonio de los contribuyentes a pérdidas severas. Cuando la frontera entre el interés corporativo, la captura de liquidez estatal y el poder político se vuelve difusa, las consecuencias las termina pagando la ciudadanía a través de un menor margen para la inversión pública y un encarecimiento general del crédito.
El arrastre de esta crisis hasta las puertas del Poder Ejecutivo confirma que no se trata de un simple traspié bancario, sino de un problema de gobernanza de amplio alcance. La pasividad institucional ante un crecimiento sin sustento genera sospechas inevitables sobre el trato de favor y los conflictos de interés en las altas esferas del gobierno.
El episodio de Ueno Bank debe marcar un punto de inflexión. El Paraguay no puede permitirse un regulador financiero contemplativo ni la instrumentalización del crédito con fines de amiguismo político. La transparencia en los balances, el rigor en las sanciones y la rendición de cuentas del Banco Central son exigencias inmediatas para evitar que el costo de la irresponsabilidad privada vuelva a cargarse sobre la espalda de la gente.