La investigación judicial en torno al deterioro financiero de Ueno Bank dio un giro institucional de enorme gravedad. La Fiscalía emitió órdenes de detención contra tres exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), a quienes imputó por presunta lesión de confianza. Según la tesis del Ministerio Público, los exfuncionales Miguel Ángel Mora, Liana Emilce Caballero Krause y Marco Aurelio González Maldonado tenían conocimiento preciso de la situación crítica de la entidad desde diciembre de 2025 y habrían omitido los mecanismos de control e intervención que la ley exige al órgano regulador.
El caso trasciende la simple mala gestión de una entidad privada para instalarse en el corazón del sistema regulatorio financiero. El rol del Banco Central no es meramente administrativo; la carta orgánica de la banca matriz establece que la supervisión preventiva es la principal garantía para resguardar los ahorros del público y mantener la estabilidad macroeconómica del país. Cuando las alarmas del regulador suenan y la cúpula decide no actuar, el costo del silencio lo termina pagando la ciudadanía a través de la desconfianza en el sistema de crédito.
Alertas ignoradas y detenciones en curso
De acuerdo con la documentación recabada por los investigadores fiscales, en diciembre de 2025 y febrero de 2026 ya constaban en el seno del directorio del BCP reiteradas advertencias sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos por la entidad financiera en su plan de factibilidad aprobado en 2024. Pese a la gravedad de los reportes técnicos, las medidas correctivas no se aplicaron en los plazos previstos.
La respuesta policial y judicial derivó en la detención de Miguel Ángel Mora durante la madrugada en la ciudad de Luque. En paralelo, comitivas fiscales ejecutaron procedimientos para dar con Liana Emilce Caballero Krause, quien presentó su renuncia al cargo tras haber afirmado inicialmente que se mantendría en la institución. Por su parte, Marco Aurelio González Maldonado fue declarado prófugo de la justicia luego de que los allanamientos en su residencia resultaran infructuosos.
El impacto en la credibilidad del regulador
Ante la falta de localización de González Maldonado, la Dirección General de Migraciones activó la alerta nacional y mantiene coordinación preventiva con las autoridades policiales de Argentina y Brasil. Hasta el momento, los registros oficiales no confirman que el imputado haya abandonado el territorio nacional.
Más allá de las responsabilidades penales individuales que deberán probarse en el debido proceso, este escenario plantea una pregunta de fondo para la economía nacional: ¿qué falló en los contrapesos institucionales del BCP para que la supervisión técnica no se tradujera en decisiones ejecutivas oportunas? La confianza es el activo fundamental de la bancarización. Restaurarla requerirá transparencia absoluta en el esclarecimiento de estas omisiones estatales.