La Contraloría General de la República (CGR) inició un examen exhaustivo sobre la correspondencia patrimonial de 20 exautoridades vinculadas a la regulación financiera y a la administración del sistema de jubilaciones del país. La medida, que busca determinar si existió un enriquecimiento injustificado durante el ejercicio de la función pública, responde a una decisión institucional de acelerar las revisiones administrativas ante la gravedad del caso que involucra a Ueno Bank.
El subcontralor general, Armindo Torres, confirmó que los primeros informes técnicos elaborados por los auditores ya comenzaron a ingresar al despacho de las autoridades. El análisis abarca de manera directa a nueve personas que ocuparon cargos directivos o de supervisión en la Superintendencia de Bancos —órgano dependiente del Banco Central del Paraguay— y a once exmiembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS).
Cambio de criterio: del control posterior al seguimiento preventivo
Tradicionalmente, el examen de correspondencia patrimonial ha sido una herramienta burocrática de reacción tardía. La práctica habitual se limitaba a comparar las declaraciones juradas presentadas al asumir y al dejar el cargo, cuando el funcionario ya se encontraba fuera del aparato estatal y con los eventuales desvíos consumados. Sin embargo, la urgencia de la crisis financiera y previsional obligó a la Contraloría a reinterpretar su margen de acción legal.
Según explicó Torres, aunque el mandato constitucional dispone la revisión al inicio y al cese de la función pública, el ente fiscalizador resolvió aplicar controles preventivos e intermedios. Esto implica que el organismo no aguardará la renuncia o remoción de los investigados para verificar si sus bienes justifican los ingresos percibidos en el sector público.
“Muchas veces vemos ostentar a funcionarios y no puede la Contraloría quedarse con brazos cruzados”, enfatizó el subcontralor Armindo Torres al justificar el giro institucional.
El mensaje que busca transmitir el órgano de control es claro: la ostentación pública de bienes sin respaldo legal razonable pasa a ser un detonante suficiente para abrir carpetas de investigación, sin necesidad de esperar el fin del mandato del funcionario de turno.
Reformas legales y cruce de datos con la Fiscalía
Para dotar de mayor seguridad jurídica a estos procedimientos proactivos, la CGR impulsa actualmente la modificación de su ley orgánica. La intención del proyecto es institucionalizar formalmente la facultad de ejecutar auditorías patrimoniales continuas sin que sea requisito la salida del cargo.
En forma paralela, la institución ya implementó un esquema de seguimientos patrimoniales con periodicidad mensual. Estas revisiones se activan mediante tres vías directas: denuncias formales ingresadas por la ciudadanía, publicaciones de la prensa que señalen inconsistencias de bienes, y requerimientos provenientes de las unidades penales del Ministerio Público.
La revisión cruzada a los ex directivos del IPS y de la Superintendencia de Bancos toca dos resortes sensibles del sistema institucional paraguayo: el resguardo de las reservas de los aportantes del seguro social y la integridad del sistema bancario. En un contexto donde la confianza técnica de las entidades reguladoras se encuentra bajo análisis, el alcance de las conclusiones que emita la Contraloría determinará si los mecanismos de control del Estado operan como verdaderos frenos al patrimonio no justificado o si quedan relegados a simples trámites de archivo.
