El mapa judicial en el fuero de Delitos Económicos volvió a moverse este jueves tras la decisión del juez Humberto Otazú de inhibirse de la causa penal por presunta lesión de confianza que involucra al mandatario Santiago Peña y a altas autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). El apartamiento del magistrado, según los primeros datos trascendidos del ámbito judicial, responde a razones de índole familiar y reconfigura de inmediato la tramitación de un expediente de alto peso político e institucional.
Un expediente de alto perfil institucional
La causa procesal no es menor por los nombres que figuran en el expediente. Además del primer mandatario, la investigación salpica al actual titular del BCP, Carlos Carvallo, así como a los exmiembros del directorio de la entidad monetaria matriz, Marco Aurelio González y Liana Caballero, junto a otros procesados. El caso pone bajo la lupa la gestión y las decisiones adoptadas en la cúpula del sistema financiero del Estado, un terreno donde la transparencia procesal resulta indispensable para sostener la credibilidad del sistema.
Otazú había sido asignado al caso mediante el sistema de sorteo rubrocado para entender en el proceso penal. Sin embargo, amparándose en causales de inhibición que preliminarmente apuntan a vínculos familiares, decidió apartarse del control jurisdiccional de las actuaciones.
El trámite procesal que queda pendiente
Con la salida de Otazú, el expediente fue remitido al despacho del juez Rodrigo Estigarribia. En esta etapa procesal, la norma otorga a Estigarribia la potestad de aceptar la inhibición de su colega o, por el contrario, impugnarla si considera que los motivos alegados no se encuadran en las causales previstas por la ley de fondo.
En caso de que se presente una contienda de competencia o cuestionamiento a la decisión de Otazú, la Cámara de Apelaciones deberá intervenir para dirimir la controversia y designar formalmente al magistrado que llevará las riendas de la causa. Por de pronto, la investigación formal queda a la espera de certezas sobre su juez natural.
Certezas procesales frente a la cautela del caso
Hasta el momento, los detalles formales de los argumentos expresados por Otazú no fueron divulgados en su totalidad, manteniéndose la versión del apartamiento familiar como la justificación preliminar de la resolución. En expedientes que involucran a las máximas figuras del Poder Ejecutivo y del órgano regulador de la economía paraguaya, cada paso en los pasillos de Tribunales exige rigor técnico para evitar dilaciones que afecten las garantías de las partes y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
