El trámite judicial por la denuncia de presunta lesión de confianza contra el presidente de la República, Santiago Peña, sumó este paso en falso en su arranque formal. El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien había sido designado por sorteo para entender en la causa penal, decidió apartarse del expediente alegando motivos familiares. La causa salpica además al actual titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y a otros exintegrantes del directorio de la entidad monetaria.
La inhibición de un magistrado en causas que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo no es un dato menor en el tablero político e institucional paraguayo. Aunque los apartamientos por razones personales constituyen una figura prevista en el ordenamiento procesal, la salida de Otazú introduce una pausa en un proceso sensible que pone bajo la lupa la gestión financiera y administrativa del mandatario y del equipo técnico que maneja la política monetaria del país.
El trámite del expediente y los demás imputados
La causa investiga la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Entre las personas señaladas en el proceso figuran también los exmiembros del directorio del BCP Marco Aurelio González y Liana Caballero, además de otros procesados dentro de la misma causa.
Tras la decisión tomada por el juez Otazú, el expediente fue remitido al despacho del juez Rodrigo Estigarribia. El magistrado receptor se enfrenta ahora a dos caminos procesales bien delimitados: aceptar la inhibición dictada por su colega y asumir de forma directa la tramitación de la causa, o bien impugnar el apartamiento si considera que los fundamentos expresados no se enmarcan en las causales previstas por la ley.
Las opciones procesales en puerta
En el caso de que el juez Estigarribia decida cuestionar la decisión de Otazú, se abrirá un incidente que deberá ser resuelto por un tribunal de alzada. Esa instancia superior será la encargada de determinar cuál es el magistrado que finalmente deberá tomar las riendas de un expediente con evidente peso político.
Hasta el momento, los datos sobre causales familiares se manejan como la información preliminar que motivó la salida del juez original. No se han dado a conocer públicamente los detalles formales ni la argumentación jurídica específica contenida en la resolución de inhibición signed por el magistrado Otazú.
El desarrollo de esta causa mantendrá la atención sobre la independencia del fuero de Delitos Económicos y la celeridad con la que el sistema procesal paraguayo responde ante denuncias que involucran a la cúpula del gobierno de turno.
